José Antonio Torres

Nueva York – El robo de hidrocarburos en México se convirtió en un negocio rentable, a veces más que las drogas, y representa la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, dijeron a Efe el investigador Armando Rodríguez Luna y el senador Roberto Gil Zuarth.

“Es una actividad muy redituable, un negocio más lucrativo, en sus periodos de mayor éxito, que las drogas”, dijo Rodríguez investigador sobre crimen organizado en el Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia (Casede).

Gil, del grupo parlamentario del conservador Partido Acción Nacional (PAN), explicó a Efe que este delito es tan grave que ya representa “el segundo ingreso más importante del crimen organizado” en el país.

“El crimen organizado dejó de lado el negocio del tráfico de estupefacientes y se dedica a un negocio de enorme rentabilidad (el robo de combustibles), de más de 20.000 millones de dólares”, apuntó el legislador.

Datos del medio digital Animal Político divulgados en febrero pasado señalaron que en el periodo 2009-2012, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo pérdidas por 62.761 millones de pesos (3.291 millones de dólares) debido a fugas y robo de combustible.

Las pérdidas suman ya 97.000 millones de pesos (unos 5.086 millones de dólares) en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, iniciado en diciembre de 2012, según datos presentados por Gil para pedir la comparecencia en el Senado de funcionarios del sector energético.

Durante la última década, este delito pasó del control de los cárteles de las drogas a grupos locales, que han llevado la violencia a los niveles de este miércoles, cuando delincuentes se opusieron a un operativo del Ejército en el estado de Puebla en el que los militares acudieron a la localidad de Palmarito tras ser alertados de una toma clandestina de combustible.

El enfrentamiento resultante dejó 10 muertos, 4 de ellos soldados.

El secretario general de Gobierno del estado de Puebla, Diódoro Carrasco, confirmó que la delincuencia organizada estaba detrás de esa toma clandestina y la consideró responsable del enfrentamiento con los militares.

De acuerdo con la Procuraduría Genera de la República (PGR, fiscalía), desde 2010 este delito ha crecido 400 %.

Durante 2016 se detectaron en México un total de 6.159 tomas clandestinas de combustible, una cifra casi 800 % superior a la registrada en 2010.

El senador Gil consideró que el enfrentamiento de Puebla “es una pequeña muestra” de una realidad generalizada en el país y lo consideró una consecuencia de la omisión del Gobierno para establecer políticas de prevención a esta actividad ilícita.

En la actualidad, explicó, existen formas de controlar este delito, como el llamado marcaje molecular, que colorea algunas moléculas del hidrocarburo para detectarlo en el punto de venta.

Gil señaló que el Gobierno abandonó los programas y ha pensado que la solución de fondo es enviar a las fuerzas policiales o militares a detener a quienes “ordeñan” los ductos, cuando ya es posible aplicar mecanismos tecnológicos.

Sobre las perspectivas de ponerle un freno a esta actividad, Rodríguez Luna lo consideró complicado en el corto plazo por las dificultades que existen y la falta de capacidad de Pemex para combatirla.

“La participación federal va a ser importante pero no es suficiente; Pemex tiene la tecnología para detectarlas (las tomas clandestinas), pero no tiene la capacidad de despliegue para impedirlas y detener ( a los responsables)”, apuntó.

Datos de la PGR señalan que las entidades más afectadas por el robo de combustible son Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, en el norte y oriente del país; Guanajuato, Estado de México, Puebla, en el centro, y Jalisco y Sinaloa, en el occidente.

El pasado 27 de abril, la Cámara de Diputados reformó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos para elevar las penas por el robo de gasolinas.

Las nuevas penas van de 4 a 6 años de cárcel si el robo es menor a 300 litros y llegan hasta 17 años si la cantidad sustraída supera los 2.000 litros. También se establece una pena de 12 años de prisión para quienes transporten o vendan el combustible. EFE