Nueva York – El director de la Policía de El Salvador, Howard Cotto, aseguró hoy que los grupos comunales armados, conocidos como autodefensas, son ilegales, pese a que tienen el respaldo gubernamental.

“No es legal (su existencia), no está dentro del marco jurídico y por ende no pueden funcionar estructuras de este tipo en nuestro país (…) mientras no haya una regulación y consenso”, dijo el jefe policial durante una entrevista televisiva.

El funcionario advirtió que la legalización de estas organizaciones “es algo bastante delicado, incluso peligroso”, porque “la medicina puede salirnos más cara que la enfermedad” si mutan en organizaciones como grupos de exterminio de pandilleros.

“Si la ciudadanía está dispuesta a que grupos de autodefensas funcionen, es algo que debe estar regulado”, porque “ninguna solución que contemple que la ciudadanía se arme va a dar un buen resultado si no está debidamente regulada y legalizada”, sostuvo Cotto.

No obstante, a finales de enero pasado, el director de la Policía aseguró que durante 2017 “priorizaremos el control territorial” y “no tenemos que tener miedo a organizar a la ciudadanía en función de la seguridad”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró este fin de semana que el Gobierno “respalda, apoya y promueve” la organización de estas autodefensas en distintas zonas del país.

“Son comunidades organizadas que se alían con la Policía, que trabajan conjuntamente, para atacar la criminalidad y la delincuencia que les afecta”, expuso el funcionario en una rueda de prensa en el marco de la celebración del Día del Soldado Salvadoreño.

No obstante, Landaverde apuntó que en El Salvador “no hay grupos armados integrados por ciudadanos que estén enfrentando por sí mismos a la criminalidad”, sino junto a los cuerpos de Seguridad.

“Hay muchos ejemplos más en todo el país, que funcionan bajo esa misma modalidad” y son comunidades que “han visto mejorados sus niveles de seguridad a través de este tipo de trabajo” y “lo que no puede permitirse son grupos que se dedican a exterminar supuestos delincuentes”, sostuvo.

El presidente del Congreso de El Salvador, Guillermo Gallegos, pidió la semana pasada a sus colegas la legalización de estos grupos civiles armados para combatir las pandillas, como se hizo con las autodefensas de México, cuyos trámites de formalización iniciaron en 2014.

El legislador no dio detalles sobre su propuesta o si esta incluye una modificación a la Constitución, que en su artículo 7 prohíbe “la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial”.

El mismo artículo estipula que “los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito”.

Datos de la Policía a los que Efe tuvo acceso dan cuenta de que en todo el territorio salvadoreño operan las pandillas y solo en 24,4 % de los 262 municipios mantienen una “poca presencia”.

Según el ministro de Defensa salvadoreño, David Munguía Payés, en el país centroamericano existen unos 60.000 pandilleros y aproximadamente el 10 % de la población es afín a estos grupos. EFE