Nueva York – Las autoridades de Tailandia rectificaron hoy y no bloquearán Facebook, horas después de cumplirse el ultimátum dado a la red social para que eliminara varias páginas, contenidos y enlaces considerados ilegales.

“La comisión no va a cerrar Facebook”, afirmó Takorn Tantasith, secretario general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (NBTC), en una conferencia de prensa en la sede del organismo en Bangkok.

La junta militar, que ha incrementado la censura en Internet desde que tomó el poder en un golpe de Estado en mayo de 2014, dio la semana pasada un ultimátum a la compañía estadounidense para que eliminara 131 páginas, contenidos y enlaces, algunos considerados dañinos para la monarquía o la seguridad nacional.

En una carta dirigida a Facebook, la Asociación de Servidores de Internet de Tailandia indicó que desconectaría la red social si no atendía a la demanda de las autoridades para las 10.00 hora local (03.00 GMT) de hoy.

Sin embargo, Takorn afirmó que Facebook ya ha accedido a cerrar 34 de las 131 páginas y contenidos polémicos y las autoridades han pedido a los tribunales órdenes judiciales para pedir la clausura de los 97 restantes.

El procedimiento normal es que el Gobierno presente sendas órdenes judiciales contra las páginas o contenidos que quiera bloquear y Facebook las retira tras verificar que las peticiones se ajustan a su normativa.

Según las autoridades, 6.900 páginas y publicaciones en Internet han sido bloqueadas en Tailandia desde 2015.

En abril, las autoridades prohibieron el contacto a través de Internet con tres disidentes y advirtió de consecuencias penales a quienes interactuaran con el trío de comentaristas asiduos sobre asuntos de la corona y críticos de la junta militar.

Se trata del historiador Somsak Jeamteerasakul, que se exilió en Francia poco después de la asonada de 2014; el exdiplomático y académico Pavin Chachavalpongpun, también exiliado en Japón, y el periodista y escritor Andrew MacGregor Marshall.

Tailandia cuenta con la ley de delitos cibernéticos, un restrictiva norma que según organizaciones de defensa de los derechos humanos se utiliza para coartar la libertad de expresión.

También está vigente la ley de lesa majestad, que condena con entre 3 y 15 años de prisión a quienes difundan o emitan mensajes sobre la Casa Real que las autoridades consideren ofensivos.

Unas 105 personas han sido detenidas por delitos de lesa majestad desde que los militares tomaron el poder, de los cuales 49 han sido condenados a penas de hasta 30 años de cárcel y otros 64 se encuentran en prisión provisional a la espera de juicio, según grupos de activistas.

La cifra multiplica los casos anteriores al golpe de Estado, cuando había seis personas encarceladas por este delito. EFE