Nueva York – La comercialización de armas en Puerto Rico se ha disparado con ventas semanales para las armerías de más de 100.000 dólares, y cerca de 800 personas cada siete días realizan la gestión para poseer un arma, muchos de ellos, impulsados por el incremento la criminalidad.

El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (Codepola), Ariel Torres, señaló este jueves en entrevista con Efe que la nueva Ley 168 es la razón de este crecimiento sin precedentes de ventas, que hace prever una isla cada vez más armada, tendencia que ni el COVID-19 ha frenado.

Torres indicó que Codepola, una organización que defiende legalmente al ciudadano que tiene licencia y gestiona el proceso para obtener un permiso de armas, paga al Departamento de Hacienda cerca de 80.000 dólares cada semana en impuestos en concepto de sellos y comprobantes.

Señaló que 100 dólares es el coste de la gestión de Codepola para ayudar a los ciudadanos a obtener un arma, lo que, señala, “no hace difícil -si se hace la cuenta- saber el número de personas que adquiere un arma”.

AUMENTO POR LA ENTRADA EN VIGOR DE NUEVA LEY

Torres resaltó que las razones que explican este gran alza en la venta de armas son la entrada en vigor de una normativa a partir del pasado mes de diciembre que facilita el proceso para obtener un permiso de porte de armas y, además, apunta, un alza en la criminalidad que golpea a la isla caribeña en los últimos años.

Detalla que la nueva ley es, sin duda, lo que ha provocado esta tendencia que asegura no se va a parar, ya que antes el proceso para conseguir un arma era mucho más complicado y estaba destinado a favorecer económicamente a la Federación de Tiro de Puerto Rico, las armerías y los polígonos de tiro.

Torres subraya que previamente a la entrada en vigor de la nueva normativa quien quisiera tener una licencia de arma tenía que hacerse socio de la Federación y de un polígono de tiro, además de esperar a que la Policía ratificara el permiso, lo que dice podía demorarse meses o, incluso, hasta un año.

“La gente pagaba a la Federación y a un polígono y no contaba todavía con un permiso”, asegura, un proceso tedioso que disuadía a las personas a adquirir un arma a pesar del alza de la criminalidad que asegura sufre la isla.

Además, recuerda, “la persona debía pagar a un abogado para un trámite que costaba 1.200 dólares para que todo pasara por un juez”, algo que la Ley 168 ha dejado atrás.

“Desde que el Gobierno lo permite -gracias a reapertura gradual de los sectores económicos por la pandemia del COVID-19- en mayo hemos llevado a cabo cerca de 4.000 gestiones para la obtención del permiso de armas”, indica Torres, una cifra que confirma el incremento en la adquisición de los permisos de porte.

PROCESO REQUIERE SOLICITUD

Explicó que el proceso actualmente sólo requiere, primero, completar la información de la solicitud, hacer el curso de tiro y luego pasar el trámite de la Policía, para comprobar que no se cuenta con un registro delictivo.

Torres resalta que la facilidad que ha traído la Ley 168 da respuesta a una demanda de la sociedad puertorriqueña, que exigía un acceso más fácil a las armas para defenderse de una criminalidad sin tregua en la isla caribeña.

“De hecho, las armerías están sin inventario y recurren a la venta de segunda mano”, subraya el presidente de Codepola para dar una mejor imagen del incremento en quienes quieren disponer de un arma para defenderse.

“El disponer de un arma es un derecho que la persona tiene”, asegura, para matizar que no es un peligro que estas circulen por las calles de la isla.

Dijo que los ciudadanos tienen el derecho a defenderse de los delincuentes, de quienes dijo, por cierto, se pasean por la isla con armas ilegales.

“El tráfico de drogas facilita que los delincuentes se hagan con armas ilegales, que son fácilmente accesibles en el mercado negro”, sostuvo Torres.

El responsable de Codepola matizó que es una evidencia que en estados de EE.UU. como Texas, por ejemplo, donde los ciudadanos tienen fácil acceso a las armas, la delincuencia es menor, ya que los criminales saben que muchas personas están armadas, lo que funciona como disuasión.

“En otros estado como Nueva York o California donde tener licencia es más difícil la delincuencia es más concluyó”, apunta. EFE News