Giovanna Ferullo

Nueva York – Tras doce años de espera, sufrimiento y muerte, los afectados por un medicamento para la gripe distribuido por el Seguro Social de Panamá que resultó ser tóxico tienen renovadas esperanzas en que recibirán atención médica expedita y se reactivará el proceso para que centenares de casos sean reconocidos.

La creación de una comisión gubernamental de alto nivel ha dado esa luz de esperanza a los más de 850 sobrevivientes del envenenamiento reconocidos por las autoridades, dijo este miércoles a Efe el representante de un comité de afectados, Gabriel Pascual.

“Anoche tuvimos la cortesía de ser atendidos por el señor presidente” de Panamá, Juan Carlos Varela, quien “solidariamente ha conformado” una comisión interinstitucional para garantizar la “atención medico-hospitalaria, social y económica” de los afectados por el dietilenglicol, afirmó Pascual.

Han sido 12 años de penurias, recalcó el activista. Decenas de manifestaciones y protestas públicas, la más reciente la semana pasada cerca de la sede del Gobierno, para hacer visible un drama que sigue cobrando vidas.

El Gobierno informó este miércoles que la comisión fue creada anoche en consejo de ministros y que está integrada por las carteras de Salud, Desarrollo Social, Educación y la de Trabajo, cuyo titular, Luis Ernesto Carles, la presidirá.

El ente interinstitucional sostendrá reuniones periódicas con el Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida, al que representa Pascual, “a fin de poner toda la fuerza del Estado para brindarles la atención requerida”, indicó Varela en una declaración pública.

Pascual aclaró que ya conformada la comisión gubernamental de alto nivel, las partes deben ahora “sentarse a establecer la metodología” de trabajo y “el cronograma de reuniones”, lo que espera suceda “lo más pronto posible” porque el tiempo apremia.

“Solo este año hemos perdido catorce personas” afectadas por el envenenamiento masivo, que se suman a las al menos 550 fallecidas y reconocidas por las autoridades, alertó.

A corto plazo, los afectados esperan que la comisión les permita acceso expedito a la atención médica, incluido los medicamentos para los tratamientos: “garantizarlos y comprarlos”, afirmó Pascual.

También que se logre reactivar el procesamiento de más de 500 expedientes de personas que consumieron el “jarabe de la muerte”, “para determinar su condición de afectados o no”, lo que es indispensable para que tengan “derecho a la pensión” de 600 dólares que ofrece el Estado a las víctimas.

Pascual explicó que el Comité que representa piensa además plantear ante la comisión interinstitucional que se aumente esa pensión hasta los 1.500 dólares mensuales.

Los afectados, de todas las edades, tienen un “futuro incierto” porque las secuelas del envenenamiento les impiden desenvolverse normalmente en sus estudios o trabajos, y se constituyen en barreras casi infranqueables para acceder a créditos bancarios y hasta un seguro médico privado, argumentó Pascual.

El Gobierno de Varela dijo este miércoles en su pronunciamiento público que el Comité de víctimas ha reconocido el “acompañamiento” estatal a los afectados, con “soluciones habitacionales y seguimiento laboral , becas a los jóvenes, atención social y educativa”.

“Lo que estamos buscando es cómo mejorar la calidad de vida de las víctimas, independientemente de que sean o no miembros del comité. Ese es el compromiso del señor Presidente y de nuestra organización”, expresó Pascual durante su participación el martes en el consejo de ministros, de acuerdo a la información oficial.

En el 2003 la Caja del Seguro Social compró cerca de 9.000 kilos de supuesta glicerina con la que elaboró un jarabe para la gripe, que resultó no ser apto para el consumo humano, del que se distribuyeron por el país más de 200.000 frascos. Tres años después. en 2006, se empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.

El Estado ha reconocido hasta ahora alrededor de 1.440 víctimas, de las cuales 854 son sobrevivientes y entre 550 y 560 han fallecido, sostuvo Pascual.

Varios exfuncionarios del Seguro Social han sido procesados y sentenciados a prisión por este caso. EFE