Raquel Godos

Nueva York – Organizaciones sociales colombianas y una delegación “de alto nivel” del Gobierno del país analizaron hoy ante la CIDH los retos y riesgos que enfrenta Colombia de cara a la implementación de los acuerdos de paz alcanzados con las FARC a finales del año pasado.

A lo largo de la jornada de hoy en el marco del 161 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), peticionarios y Gobierno reflexionaron sobre las dificultades y asignaturas pendientes de cara al posconflicto, sobre todo en lo relativo a la protección de los defensores de derechos humanos y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La primera de las reuniones tuvo cómo eje central el asesinato y persecución que están sufriendo los líderes sociales, especialmente en aquellas zonas históricamente ocupadas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a las que aun no han llegado las instituciones.

En ese sentido, el movimiento político de izquierda Marcha Patriótica anunció que solicitará a la Comisión medidas cautelares de protección a través de los canales pertinentes.

Cristian Delgado, representante del movimiento, insistió ante los comisionados que hay “una violación sistemática” de los derechos humanos de los que los defienden en el país, e insistió en que el 92 % de los asesinatos de sus miembros permanecen en la impunidad.

Marcha Patriótica es un movimiento político de izquierdas que engloba a más de 1.500 organizaciones obreras, estudiantiles y de derechos humanos, entre otras, a lo largo y ancho de todo el país.

Delgado reiteró que pese al acuerdo de paz, “las violaciones” y la “persecución sistemática” contra los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios continúan, y denunció la “estigmatización” de su colectivo tanto por los medios de comunicación como por las altas instancias políticas del país.

Las organizaciones civiles denunciaron que alrededor de un centenar de defensores y líderes murieron asesinados en 2016, mientras que el Gobierno se atiene a las cifras avaladas por la ONU, que ascienden a 64, notablemente superior a las de 2015, cuando apenas superaron la cuarentena.

La misión del Gobierno estuvo encabezada por el ministro de Interior, José Fernando Cristo, quien se unió a la última de las audiencias a la vicefiscal de la nación, María Paulina Riveros, y al vicecanciller Francisco Echeverry, así como al representante permanente de Colombia ante la OEA, Andrés González.

El Estado colombiano quiso llevar al periodo de sesiones a “una delegación del más alto nivel” para “subrayar la importancia y el respeto que el Gobierno colombiano tiene por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

En su intervención, Cristo reconoció el incremento de los asesinatos de líderes civiles, pero evitó atribuirlos al paramilitarismo, una demanda de las organizaciones, quienes aseguran que el Gobierno niega “el continuismo” evidente de los paramilitares en el país.

Además, el ministro echó mano de las cifras, poniendo el acento en la reducción de la tasa de homicidios histórica.

“Cuando usted compara las cifras ve que hay una disminución del 13 por ciento en los homicidios en el país, entre 2016 y 2017. La tasa es de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja en los últimos 40 años”, explicó el ministro.

En una rueda de prensa posterior a las audiencias, Cristo reiteró que “la discusión sobre si existe o no paramilitarismo en Colombia no va a salvar a más defensores de derechos humanos”, e insistió en que el Gobierno está trabajando “para que no se produzca ni una muerte más” de líderes sociales.

“Las mafias de la minería ilegal, del narcotráfico, el Clan del Golfo, pretenden tomar el control territorial de las zonas dejadas por las FARC, y encuentran obstáculos en los líderes sociales, por lo que están tratando de eliminarlos, de asesinarlos”, argumentó.

En cuanto a la JEP, cuya tramitación está a punto de finalizar en el Congreso del país, Cristo explicó que entrará en vigor dos meses después de que las FARC entreguen todas las armas en su poder, y con un tiempo prudencial de transición, empezará a ejecutarse en agosto.

“Cuando se discute lo que se conoce como la JEP olvidamos que estamos hablando de un sistema integral de verdad, justicia y no repetición en nuestro país”, dijo Cristo al subrayar que ese es el eje principal de la paz. EFEUSA