Giovanna Ferullo

Nueva York – Corrupción, crimen organizado, armas, drogas, hacinamiento: esa es la realidad “histórica” de las cárceles de Panamá, que el Gobierno “reconoce” y busca cambiar apostando fuerte a la profesionalización del personal penitenciario para poner fin a un sistema que da “vergüenza”.

Así lo afirma sin tapujos la ministra de Gobierno panameña, María Luisa Romero, en una entrevista con Efe en la que hace un diagnóstico de un sistema que alberga a 16.500 reclusos en 22 prisiones, la mayoría destartaladas, y un hacinamiento del 115 %, un porcentaje “irreal” en palabras de la funcionaria.

Hay prisiones como las de David y Penonomé, en el interior del país, donde el hacinamiento es del 335 % y el 356 %, respectivamente; o La Joya, en la periferia de la capital, donde alcanza el 223 %, argumenta la ministra y abogada graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard (EE.UU.), donde también obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas.

La Joya y La Joyita, que juntas albergan a más de 10.000 reos y son de las cárceles más peligrosas de Panamá, tienen estructuras “para abochornarse (de) que tengamos seres humanos en esas condiciones”, asevera.

Programas de rehabilitación puntual de las instalaciones, así como de mantenimiento, que “no existían” hasta la llegada de la actual Administración del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, forman parte de los antídotos a la situación.

En ese contexto de superpoblación de un sistema carcelario que carece de los protocolos más básicos, han encontrado un nicho las organizaciones criminales que con la complicidad de funcionarios corruptos han tejido una compleja red que involucra mucho dinero para obtener armas, drogas, traslados y hasta conmutación de penas, explicó la ministra.

“Se está trabajando, investigando, porque uno sabe y uno va encontrando pequeñas redes, pero ahí el crimen organizado es muy grande”, aseveró Romero, quien citó datos que revelan que quienes “tienen la plata controlan” esas estructuras.

En una de las redes detectadas “se pagaban posiblemente 60.000 dólares para introducir cambios en el sistema informático y modificar una condena, o se pagaban miles de miles de dólares para falsificar la firma del director” y lograr un traslado, indicó.

La polémica sobre las cárceles panameñas saltó de nuevo a la palestra con la reciente difusión de un video en el que se ve a varios reclusos con armas, unas imágenes que, dijo la ministra, “demuestran la corrupción” que carcome al sistema.

Pero el presidente Varela visitó la cárcel y habló con los reclusos protagonistas del video para dar un mensaje de que “la corrupción, el crimen organizado, no se tolera”.

“Antes veíamos las armas en las cárceles y no pasaba nada, y ahora el mensaje (…) es que no vamos a permitir esto. Creo que la diferencia es que en esta Administración hemos sido valientes de reconocer que hay un problema. El sistema penitenciario está en crisis”, dijo Romero.

El Gobierno apuesta a la profesionalización del personal penitenciario, “elevar el nivel de sus miembros, darles estabilidad, incentivos, evaluaciones de desempeño, todo eso que no se hace ahora y que nos permite depurar, saber si en verdad tenemos funcionarios buenos o corruptos”.

El sistema penitenciario panameño requiere de 2.100 custodios pero ahora solo cuenta con alrededor de 1.000. El Ministerio de Gobierno tiene capacidad para formarlos a través de una academia que está siendo mejorada, pero “el problema es conseguir quien quiera y que se quede”, explicó la funcionaria.

Los custodios, que ahora ganan unos 690 dólares mensuales, de 400 que percibían en 2014, trabajan en las cárceles junto con agentes de la Policía Nacional, que son autorizados por ley para desempeñar esas labores pero solo en situaciones excepcionales.

Sin embargo, el déficit permanente de custodios ha permitido que esa norma excepcional pase a ser la regla.

“Necesitamos sacar a la Policía de los centros penitenciarios, ese no es su trabajo, y tenemos que dejar a los custodios, que son los que están formados para poder estar dentro de los centros”, enfatizó Romero.

La carrera penitenciaria en Panamá “ya es ley”. Los programas de “resocialización son la esencia del sistema penitenciario, pero antes tenemos que tener a un personal profesional para que acompañe esos procesos”, defendió la ministra, sin olvidar que la infraestructura “siempre es necesaria, nunca será suficiente”. EFE