Nueva York – El Banco Santander prepara una ampliación de capital de 5.000 millones de euros para hacer frente a la posible compra del Banco Popular, cantidad que supera con creces los 1.334,6 millones de euros de capitalización con los que ha cerrado hoy la sesión bursátil, según han confirmado hoy a Efe fuentes financieras.

Por ello, la entidad que preside Ana Botín ofrecería una prima a los accionistas y reservaría una buena parte para asumir las cuantiosas provisiones que el Banco Popular necesita para sanear su exposición al sector inmobiliario.

El Popular, situado el pasado ejercicio como la sexta entidad financiera española por volumen de activos, estudia desde hace semana fusionarse con otra entidad o una ampliación de capital para asegurar su viabilidad y despejar así las dudas sobre su capacidad para hacer frente a la carga de activos problemáticos que acumula, cuyo valor asciende a más 30.000 millones de euros.

Esta entidad, fundada en 1926 y que opera además de en España, en Portugal y México, cerró 2016 con unas pérdidas de 3.600 millones de euros.

Las mismas fuentes financieras han indicado que el Santander podría estar reservando fondos ante los posibles litigios de accionistas que acudieron a la macroampliación del verano de 2016, con la que el Popular captó 2.500 millones.

Con la operación, el Santander alcanzaría un volumen de activos próximo a los 471.000 millones de euros y arrebataría a Caixabank el liderazgo en España.

Si la operación se cerrase, sería también la primera corporativa de Botín desde su llegada a la presidencia del Banco Santander en 2014 y una apuesta por España, después de que Brasil y Reino Unido se convirtieran en los motores del grupo

Además del Santander, otros grupos bancarios como BBVA y Bankia también han estado interesados en el Popular, cuyo negocio minorista, centrado en las pymes y en el que cuenta con una cota de mercado del 17 %, siempre ha sido muy valorado por el resto de sus competidores.

La entidad se encontraba limpiando su balance de activos poco estratégicos, y está preparando junto con KPMG un paquete de activos inmobiliarios de más de 1.500 millones de euros, según fuentes del mercado.

Hasta ahora, la entidad se ha deshecho de su filial Popular Servicios Financieros, vendido a Abanca en mayo pasado por 39 millones de euros, así como de su participación del 2,86 % en la sociedad de inversión inmobiliaria (socimi) Merlin Properties por 143,8 millones de euros.

El pasado jueves anunció también la venta a su socio francés Credit Mutuel del 48,98 % que mantenía en Targobank por 65 millones de euros, a lo que siguió, este mismo lunes la salida de la entidad francesa del consejo de administración del Popular, en el que posee cerca del 4 %, que podría haber vendido ya.

La agencia de medición de riesgos Moody’s ha rebajado la calificación a largo plazo de los depósitos y la deuda senior de la entidad hasta B2 y B3, respectivamente, desde Ba3 y B1, y mantiene la perspectiva en negativo.

También en mayo pasado, el Banco Central Europeo (BCE), que supervisa a la banca de la eurozona, inspeccionó la entidad en una revisión “ordinaria” para saber si realmente tiene déficit de provisiones para hacer frente a sus activos improductivos.

La entidad española anunció en septiembre de 2016 una reestructuración de su plantilla y anunció el cierre de 300 oficinas.

En febrero pasado Angel Ron, su presidente y consejero ejecutivo presentó la dimisión ante el consejo de administración, y a continuación en una junta extraordinaria de accionistas se nombró para ese cargo a Emilio Saracho.

En pasado 16 de mayo, el Popular comunicó a la CNMV que había encargado a JP Morgan y Lazard hacer un sondeo preliminar del mercado para valorar si había interés en una compra. EFE