Nueva York – Durante todo el día, y a veces hasta altas horas de la noche, buses y furgonetas llegan a tres centros de reconocimiento médico financiados por el estado cerca de la frontera sur de California con México.

En los centros médicos, según explican los coordinadores, los migrantes reciben máscaras para protegerse de la propagación de enfermedades infecciosas, además de agua y comida. Los médicos les hacen pruebas para detectar el coronavirus, les ofrecen vacunas y aislan a los que dan positivo.

Los solicitantes de asilo reciben tratamiento para las lesiones que puedan haber sufrido durante el viaje y se les realizan pruebas para detectar problemas de salud crónicos, como diabetes o hipertensión.

Pero ahora que el estado, de tendencia liberal, se enfrenta a un déficit proyectado de 22.500 millones, el gobernador Gavin Newsom ha declarado que California ya no puede permitirse mantener los centros. En enero, el demócrata propuso eliminar gradualmente algunos servicios médicos en los próximos meses y, finalmente, reducir el programa de asistencia a los migrantes, a menos que el presidente Joe Biden y el Congreso intervengan con ayuda.

California amplió los servicios de salud de su programa de asistencia a migrantes durante la fase más mortífera de la pandemia de coronavirus, hace dos años.

El estado mantiene tres centros de recursos sanitarios —dos en el condado de San Diego y uno en el condado de Imperial— que realizan pruebas y vacunaciones contra covid y otros exámenes de salud, y atienden a más de 300.000 migrantes desde abril de 2021.

El programa de asistencia a migrantes también proporciona alimentos, alojamiento y viajes para contactarlos con patrocinadores, familiares o amigos en Estados Unidos mientras esperan sus audiencias de inmigración; y el estado ha financiado el esfuerzo humanitario con una asignación de más de mil millones de dólares desde 2019.

Aunque la Casa Blanca declinó hacer comentarios y no ha promulgado ninguna legislación federal, Newsom dijo que era optimista de que la financiación federal llegará, citando “algunas conversaciones muy positivas” con la administración Biden.

El presidente anunció recientemente que Estados Unidos devolverá a los cubanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera desde México, una medida destinada a frenar la inmigración. La Corte Suprema de Estados Unidos también considera poner fin a una política de la era Trump conocida como Título 42, que EE.UU. ha utilizado para expulsar a los solicitantes de asilo y supuestamente prevenir la propagación del coronavirus.

Ya se ha identificado una posible fuente de dinero federal. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos comunicaron a KHN que los gobiernos locales, y los proveedores no gubernamentales, pronto podrán aprovechar 800 millones adicionales en fondos federales, a través de un programa de subvenciones para refugios y servicios.

Algunos trabajadores de salud y activistas pro inmigrantes quieren que el estado continúe su labor, pero Newsom parece contar con apoyo bipartidista estatal para reducirla. El demócrata prometió más detalles durante la revisión del presupuesto en mayo, antes de que comiencen las negociaciones legislativas sobre el presupuesto. Además, señaló que las condiciones han cambiado de tal manera que los servicios de pruebas y vacunación son menos urgentes.

El supervisor del condado de San Diego, el demócrata Nathan Fletcher, coincidió en que la carga debe recaer en el gobierno federal. Y el líder republicano del Senado estatal, Brian Jones,de San Diego, que representa a parte de la región afectada, afirmó que California tiene previsto poner fin a su estado de emergencia por la pandemia el 28 de febrero, meses antes de que el presupuesto entre en vigor en julio.

“Las condiciones de la pandemia ya no justifican esta gran inversión por parte del estado, especialmente porque se supone que la inmigración es un asunto federal”, declaró Jones en un comunicado.

California comenzó su programa de asistencia a migrantes poco después de que Newsom asumiera el cargo en 2019. Fue parte de la respuesta del estado contra las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump. Además, los legisladores estatales lo convirtieron en un llamado estado santuario, un intento de proteger a California de las medidas migratorias más duras.

California, junto con gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro, intervino para llenar el vacío y aliviar la presión de las zonas fronterizas trasladando rápidamente a los migrantes a otros lugares del país.

El involucramiento del estado se intensificó en 2021 a medida que la pandemia aumentaba y la administración Biden intentaba revertir la política del Gobierno Trump de “Permanecer en México”. Algunas ciudades en otras partes del país también proporcionaron ayuda, pero los funcionarios estatales dijeron que ningún otro estado estaba proporcionando el nivel de apoyo de California.

En un esfuerzo coordinado, funcionarios federales de inmigración dejan a los migrantes en los centros. Luego, los examinan y atienden organizaciones contratadas por el estado que brindan ayuda médica, asistencia de viaje, alimentos y alojamiento temporal mientras esperan sus audiencias de inmigración. Caridades Católicas de la Diócesis de San Diego y el Servicio Familiar Judío de San Diego son los dos principales operadores de albergues para inmigrantes del estado.

Los funcionarios de inmigración no respondieron a las preguntas de KHN sobre qué exámenes médicos, y otros cuidados, reciben los migrantes. A menudo pasan de uno a tres días antes de que los migrantes puedan tomar autobuses o vuelos comerciales. Mientras tanto, son alojados en hoteles y se les proporciona alimentos, ropa y otras necesidades como parte del programa estatal.

“Muchos de ellos llegan hambrientos”, señaló Vino Pajanor, director ejecutivo de Caridades Católicas de la Diócesis de San Diego, al describir el proceso de selección y pruebas en los centros.”La mayoría no tiene zapatos. Les damos zapatos”.

Las autoridades dijeron que unas 46.000 personas han sido vacunadas contra el coronavirus a través del programa. La cifra, según las mismas fuentes, es significativamente inferior al número de migrantes que han pasado por los centros porque algunos se vacunaron antes de llegar a Estados Unidos, y los migrantes más jóvenes no cumplían inicialmente los requisitos, mientras que otros rechazaron las vacunas.

Según la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California, el estado tiene previsto retirar gradualmente parte del apoyo médico, pero se espera que las operaciones de acogida continúen “a corto plazo” y que su futuro dependa de la disponibilidad de financiación federal.

La agencia señaló que, si bien el estado no ha adoptado planes específicos para reducir la capacidad de los centros, dará prioridad a la ayuda a familias con niños pequeños y a “personas médicamente frágiles” en caso de que los refugios se vean desbordados por las llegadas. El gobernador dijo que el estado pretende “centrarse en los más vulnerables”.

Algunos activistas declararon que el estado estaba tomando la decisión equivocada.”Ahora es el momento para que el estado de California redoble su apoyo a las personas que buscan alivio de su estado de arresto migratorio”, afirmó Pedro Ríos, quien dirige el programa de la frontera entre Estados Unidos y México en el American Friends Service Committee, que aboga en nombre de los inmigrantes.

“Creo que envía un mensaje erróneo de que los problemas ya no preocupan y que los inmigrantes que potencialmente podrían beneficiarse de estos fondos ya no los necesitan”, agregó.

khn/amv

Por Don Thompson

KHN (Kaiser Health News) es la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre salud. Es uno de los tres principales programas de KFF, una organización sin fines de lucro que analiza la problemática de salud y salud pública de la nación.