Los fiscales generales de más de una veintena de estados han demandado este jueves al Gobierno estadounidense por su reciente decisión de poner a la mitad de la plantilla del Departamento de Educación en baja administrativa.

La demanda ha sido interpuesta hoy ante una corte federal del estado de Massachusetts contra la medida, anunciada el martes, para poner en excedencia a en torno a 2.000 empleados del mencionado departamento en línea con la política del Gobierno del presidente Donald Trump de recortar de manera sustancial la administración pública en Estados Unidos.

La demanda establece que la decisión adoptada por la secretaria de Educación, Linda McMahon, anula funciones clave del Departamento fijadas por la ley, y que ello causa un gran daño a los sistemas educativos de los estados querellantes.

La medida ha hecho que la plantilla del Departamento de Educación haya pasado de 4.133 a 2.183 trabajadores.

En esa reducción de 1.950 puestos, se cuentan casi 600 funcionarios que recientemente aceptaron renuncias voluntarias y jubilaciones.

El resto de trabajadores afectados serán colocados en baja administrativa a partir del 21 de marzo y recibirán salario y beneficios correspondientes hasta el 9 de junio, además de una indemnización una vez finiquitados sus contratos.

La decisión anunciada por McMahon llega en un momento en que la Administración republicana sopesa firmar una orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación, según ha informado The Wall Street Journal (WSJ).

El WSJ ya aseguró en febrero que la orden supondría un paso hacia el cumplimiento de una promesa de campaña de Trump de eliminar ese gabinete, limitar la participación federal en la educación y dar más autoridad a los estados en este ámbito. EFE

asb