Marcel Gascón Barberá

Nueva York – Una media de 40 personas, en su mayoría estudiantes, han sido detenidas cada día en Venezuela por delitos como “terrorismo” o “insurrección” desde que empezara el 1 de abril la presente ola de protestas para exigir la renuncia del presidente Nicolás Maduro, en las que han muerto más de cien personas.

Según datos de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), más de 4.500 personas han sido detenidas desde entonces por la Policía, la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), de las que unas 1.200 siguen entre rejas.

“Hay arrestos en protestas en barricadas, como ahora se están llevando a cabo arrestos dentro de los domicilios”, dice a Efe Alfredo Romero, director ejecutivo del FPV, cuyos abogados han llevado más de tres cuartos de los casos de unas detenciones que califican de abusivas e ilegales.

Romero se refiere a las barricadas con que algunos manifestantes cortan calles y se enfrentan con piedras y a veces cócteles molotov y artefactos pirotécnicos a las fuerzas del orden que dispersan las concentraciones ciudadanas con perdigones de goma y bombas lacrimógenas.

“Los denuncian vecinos que están con el Gobierno y van y les señalan”, explica Romero sobre el origen de unas listas confeccionadas también con la identificación de quienes responden con violencia a las arremetidas de la Guardia.

“Pero también hay casos donde se llevan a personas que no tienen nada que ver”, aclara.

Una de estas vecinas es Lolymar Ramos, una caraqueña de 36 años que trabaja en una empresa de publicidad y vive en la residencia Los Verdes del sector El Paraíso, una de las urbanizaciones más castigadas por los allanamientos.

Ramos fue detenida el 13 de junio por una treintena hombres del Sebin armados, con pasamontañas y vestidos de negro cuando regresaba del trabajo.

“Me preguntaban quiénes eran los ‘guarimberos’ (los que montan barricadas) y como no tenía información que darles me dijeron que igual iba presa por ‘guarimbera'”, relata Lolymar, que recuerda cómo la patearon antes de llevársela en un furgón con una veintena de jóvenes detenidos.

Ramos estuvo presa 37 días, en los que pasó, bajo la custodia de la Policía, por varios centros de reclusión y compartió celda con presas comunes.

Abogados de FPV consiguieron liberarla, pero aún debe presentarse periódicamente ante un tribunal y responder por el delito de “terrorismo” que le atribuyen.

Esta acusación se fundamentará en el material de combate con que le fotografiaron después de su apresamiento junto al resto de detenidos, imágenes que se transmitieron por la televisión pública VTV para mostrar el “éxito” de las operaciones antiterroristas.

“Nos trasladaron a El Helicoide para hacer el show televisivo por VTV, y allí nos colocaron morteros, armas, explosivos, escudos y cascos, y nos preguntaron por qué éramos ‘guarimberos'”, rememora.

El Helicoide es la imponente construcción caraqueña proyectada durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en los años cincuenta para albergar un centro comercial, un hotel de 5 estrellas, un recinto de espectáculos y otros establecimientos de ocio, cuya forma le da nombre y sirve de sede central del Sebin.

Allí duermen cada noche la mayor parte de los detenidos en protestas que siguen privados de libertad, y algunos de los casi 500 presos políticos que según FPV hay en Venezuela.

El segundo centro con más encarcelados es la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas. Allí está encerrado desde hace un mes el estudiante de Economía Abelardo Sánchez, de 21 años y nacionalidades portuguesa y venezolana, que fue detenido con cuatro jóvenes más el 23 de junio en un apartamento del este de Caracas.

La Policía encontró en el apartamento “tres cascos, dos o tres máscaras de gas, guantes y dos escudos” de los que usan los jóvenes más activos en las protestas para sus choques con la GNB, explica a Efe su hermano, Lisandro Sánchez.

A Sánchez se le imputan delitos “rebelión y sustracción de elementos de la fuerza armada”, dos acusaciones que rechaza su hermano Lisandro, que planea comunicarse con el consulado portugués para pedir amparo.

“Las detenciones tienen dos objetivos: intimidar a todos los demás que protestan y llevarse detenidas a las personas que organizan y dirigen las protestas”, afirma Romero, que señala los “asesinatos” de jóvenes durante las manifestaciones como otra forma de poner fuera de circulación a los actores más decisivos de la lucha en las calles.

Jorge Silva padre y Jorge Silva hijo fueron detenidos por la GNB el 26 de mayo, mientras participaban en una manifestación en Caracas que aún no había desembocado en los disturbios habituales.

Tras 21 días presos, el FPV logró sacarlos a la calle, pero aún se enfrentan a un proceso por “insurrección” y deben comparecer cada cinco días ante los tribunales.

“Esta inhibición a ellos dos hizo que todo el grupo familiar nos echáramos para atrás y nadie protesta, porque fueron 21 días de terror y ahora todos nos mantenemos al margen”, dice una pariente de los Silva. EFE