Nueva York – La relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, critica a las autoridades francesas por su presunta implicación activa o pasiva en la entrega de yihadistas franceses del Estado Islámico (EI) detenidos en Siria a las autoridades de Irak, donde han sido condenados a muerte.

En una carta al Gobierno francés fechada este lunes, Callamard reprocha que “personas que estaban detenidas en Siria, implicadas de una u otra manera en actos de EI” hayan sido extraditadas a Irak donde corren el riesgo de que se les aplique la pena capital “gracias al apoyo activo o pasivo de las autoridades francesas”.

En declaraciones al diario “Le Monde”, la experta de la ONU (ella misma francesa) considera que la implicación de Francia es “creíble o incluso muy creíble” a la vista de los testimonios de los presuntos yihadistas que se han recopilado a través de sus familias y de sus abogados.

En concreto, algunos han afirmado que había agentes franceses en el momento en que fueron puestos en manos de los iraquíes por parte de los grupos kurdos que los tenían detenidos.

Se trata de más de una decena de ciudadanos franceses que fueron transferidos a Irak a comienzos de año desde el territorio sirio, donde habían sido capturados por su supuesta implicación en el EI.

Para Callamard, el Gobierno francés debe aclarar “las amplias zonas de sombra que subsisten” sobre su responsabilidad en la entrega de varios de sus nacionales a un país como Irak que aplica la pena de muerte y donde las torturas son frecuentes.

“Esas alegaciones podrían demostrar violaciones cometidas por Francia, como privaciones del derecho a la vida o del derecho a un proceso justo”, señala a “Le Figaro”.

A ese respecto, recuerda que un Estado que ha abolido la pena de muerte no puede enviar a un individuo a otro país donde sí que se practican ejecuciones, ya que eso equivaldría a dictar penas de muerte por procuración.

La relatora de la ONU, que en su documento da dos meses a Francia para que responda a estas acusaciones antes de tomar otras medidas, pide saber si París ha recibido algún tipo de garantía de que las penas de muerte contra sus ciudadanos no se ejecutarán.

Francia se ha mostrado muy reacia a la repatriación de los llamados “combatientes extranjeros” que se enrolaron en las filas del Estado Islámico o de otras organizaciones yihadistas en Siria o Irak y ha manifestado su preferencia para que sean juzgados donde cometieron sus crímenes.

Detrás de esa posición está, en particular, el rechazo que su vuelta provoca en la población francesa, por el riesgo que podrían representar en el momento de su puesta en libertad.

En los últimos meses, se ha barajado la posibilidad de crear un mecanismo judicial internacional para juzgar a esos “combatientes extranjeros”, preferentemente con base en Irak.

Callamard estima que eso plantea numerosos problemas jurídicos y políticos. Su apuesta es que Francia asuma sus responsabilidades y favorezca el retorno de sus nacionales para darles un juicio justo, que al mismo tiempo ofrecer justicia a sus víctimas.

Y advierte de que si se demostrara su implicación en esas transferencias, “eso significaría que París no está en una lógica democrática sino de revancha”. EFE