Sara Acosta

Nueva York –  La clase política salvadoreña se ha enzarzado en un agrio debate sobre la aprobación de la Ley General de Aguas de la que depende el abastecimiento de una parte importante de la población, los más defavorecidos.

La derecha, desde siempre favorable a la privatización de la gestión del agua, afloja el discurso, ahora un tanto contradictorio, y señala que nunca fue su intención privatizarla, pero que la empresa privada debe estar presente en la gestión, junto con otras entidades.

Sin embargo, es precisamente el debate de la privatización el que ha impedido durante años la aprobación de una normativa igualitaria y que beneficie, en primera instancia a la población de las zonas más desfavorecidas, quienes, a día de hoy, siguen sin tener sistema de llegada del recurso hídrico a sus hogares.

Las diferentes propuestas que llegaron a la Asamblea Legislativa para regular el uso de este recurso fundamental,durmieron el sueño de los justos durante años en los cajones de algún despacho, dando paso a otros asuntos, al parecer, más importantes.

Y con tanto vaivén, la ciudadanía ha salido a la calle en masa tres veces en poco más de una semana, a explicarles a los diputados que el pueblo es el que les dio su lugar en la Asamblea Legislativa y por tanto, tiene derecho a exigir algo tan elemental como es el agua, vital en el día a día.

En un país en el que las movilizaciones no acostumbran a congregar más que unas decenas o, en el mejor de los casos, un par de cientos de personas, esta vez fueron más de dos mil las voces que gritaron al unísono por las calles de la capital.

Los políticos, más acostumbrados al silencio del pueblo, se han visto obligados a reaccionar y a salir al paso ante una protesta inesperada que parece haberlos asustado más allá de lo habitual.

El presidente del Congreso, el diputado de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) Norman Quijano, aseguró que “no hay ningún proyecto de privatización del agua”, sino que la derecha busca que “(el agua) llegue a todos sin distinción y que haya organismos técnicos que administren bien el recurso y no respondan a intereses particulares”.

Así el nuevo discurso de Arena, apoyado por el Partido de Concertación Nacional (PCN), la Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), todas formaciones de derecha, parece aproximarme, aunque levemente, al del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Por su parte, organizaciones sociales, la Iglesia Católica y la Procuraduría de Derechos Humanos, en sintonía con el FMLN, consideran que los diputados de derecha, mayoría, en la actual legislatura, buscan que el ente administrador del vital líquido tenga más representantes de la empresa privada.

Se espera que esta semana continúe el debate de la normativa que data de la legislatura pasada (2015-2018) y que fue retomado a principios de junio, cuando se ratificaron cinco artículos, según informó el Congreso sin brindar más detalles, silencio que mantiene en vilo a los ciudadanos.

Según las escasas explicaciones brindadas, los artículos ratificados tienen que ver con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), dato escueto que, lejos de tranquilizar a la población, hizo que su voz se alzase más que nunca.

Ante las vanas aclaraciones de los derechistas, el FMLN y demás sectores continúan afirmando que lo que se busca es crear un ente privado que favorezca más a las minorías precisamente los que ya disfrutan de este recurso.

Las ideas de estos sectores han ido más allá y consideran que el destape de un caso de supuesta malversación de fondos del Estado que involucra al expresidente Mauricio Funes (2009-2014) es una “cortina de humo” creada por la derecha, con el apoyo de la Fiscalía, para aprobar una Ley de Agua que beneficie al sector privado.

Y así, cada uno pretende ocultar aquello que no le conviene de cara a las elecciones presidenciales de febrero de 2019, porque si la derecha trata de difuminar el debate del agua, la izquierda hace lo propio con la corrupción atribuida a Funes, que muy poco beneficia al FMLN para dichos comicios.

El 14 de abril de 2015, el Gobierno de El Salvador decretó una emergencia nacional por la escasez de agua, principalmente en la zona central del país, a causa del cambio climático.

Según la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, Lina Pohl, en el 2015 se registró una reducción de los caudales de los principales ríos de entre el 60 y el 95 por ciento, índice que es “preocupante”. EFE