Nueva York – Honduras debe acabar con la práctica de esterilizar contra su voluntad a las personas con discapacidad, solicitó hoy el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los pasados 30 y 31 de marzo, el Comité examinó si Honduras cumple con lo establecido por la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, de la que es Estado parte, y hoy publicó las conclusiones de dicho análisis.

De esta evaluación se desprende que las personas con discapacidad, especialmente mujeres y niñas, son objeto de esterilizaciones forzadas y otras formas de tratamientos anticonceptivos no consentidos.

Por ello los expertos de la ONU “recomiendan que se adopten todas las medidas necesarias para asegurar la abolición de todas las prácticas de esterilizaciones forzadas y abortos coercitivos de mujeres y niñas con discapacidad”.

Asimismo, el Comité solicita que se garantice “el consentimiento libre e informado de todas las personas con discapacidad para cualquier intervención o tratamiento médico”.

En el mismo contexto, el Comité recomienda a Honduras que adopte planes y asigne recursos para garantizar que los servicios generales de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, sean accesibles para las personas con discapacidad, especialmente en zonas rurales y comunidades afrohondureñas e indígenas.

Recomienda, además, que el personal de los servicios de salud reciba capacitación sobre el trato de las personas con discapacidad, “particularmente a las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial”, especifica el texto.

Otro de los aspectos en los que los expertos hicieron hincapié es en rechazar la institucionalización forzada de los discapacitados y en la adopción de medidas “para abolir la práctica de internamiento u hospitalización no consentida”.

Además, recomienda el establecimiento de un mecanismo independiente que supervise los centros de internamiento de personas con discapacidad para “ofrecer prevención y protección contra actos que puedan considerarse como tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Otro aspecto tratado en las conclusiones es el de los derechos políticos, como el derecho al voto o la participación en la vida pública.

Asimismo, piden al Estado que aumente sus esfuerzos para promover a las personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual o psicosocial, en los cargos electos y los cargos públicos.

Finalmente, el Comité recomienda al Estado Parte que “adopte un plan para la revisión, derogación, reforma y/o adopción de legislación y políticas, con el objeto de reconocer a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos humanos en armonía con la Convención y de eliminar toda terminología peyorativa”.

Asimismo, recomienda la aprobación definitiva de la actualización de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, tomando en cuenta las observaciones presentadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. EFE