Nueva York – EC Waste, compañía responsable del depósito de cenizas de carbón en el sur de Puerto Rico, actividad criticada por ambientalistas, exigió hoy a la designada jefa de la Policía que aclare su postura sobre la decisión del Tribunal Supremo, que determinó que el tema es de competencia municipal.

“La decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico es clara: EC Waste tiene derecho a disponer los residuos de combustión de carbón en el Peñuelas Valley Landfill”, dijo hoy en un comunicado de prensa Ricardo Soto, portavoz de EC Waste, dueño y operador del Peñuelas Valley Landfill (PVL).

La empresa interpreta que la decisión del Tribunal Supremo no afecta su actividad al entender que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) de la isla regula sus operaciones en el deposito de Peñuelas, municipio del sur de Puerto Rico, al haber cumplido EC Waste los requisitos de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó el pasado mes de diciembre que el asunto de las cenizas “no es uno que haya sido ocupado por el Gobierno federal o estatal y que el Municipio de Peñuelas ostenta la facultad en ley para prohibir su uso dentro de sus límites territoriales”.

El texto del alto tribunal reconoció que la Ley de Municipios Autónomos le confiere “a cada municipio del país la facultad de reglamentar el manejo de desperdicios sólidos en armonía con la política pública ambiental del Estado Libre Asociado”.

La empresa pide en el comunicado a la designada jefa de la Policía de Puerto Rico, Michelle Hernández de Frayle, que aclare su posición sobre el asunto.

La funcionaria dijo en conferencia de prensa el miércoles que había analizado toda la normativa existente -federal, estatal y municipal- sobre el asunto y la decisión del Tribunal Supremo.

“Lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que reconoce la ordenanza municipal, que señala que le dé una multa si están moviendo cenizas. No dice que los arreste, que los pare, dice multa”, detalló la funcionaria.

Hernández de Fraley dijo que, no obstante, la Policía intervendría si ocurre alguna violación a la Ley 22 de Tránsito, si se obstruyera el paso de alguna carretera o la entrada al vertedero municipal administrado por la compañía EC Waste, en referencia a los manifestantes que durante semanas han impedido el acceso de camiones con cenizas.

“Los comentarios de la designada superintendente están fuera de contexto y deben ser aclarados, ya que de lo contrario socavan el compromiso del gobernador Ricardo Rosselló de crear empleos y hacer de Puerto Rico un destino abierto para los negocios”, agregó Soto en el comunicado.

Soto dijo además que las operaciones de la empresa se ajustan a los permisos y planes operacionales aprobados por la JCA, la cual asumió jurisdicción sobre la regulación de sus actividades a nivel estatal adoptando los requisitos de la EPA para la disposición de materiales no peligrosos.

Los ambientalistas denuncian que la acumulación de cenizas provenientes de la quema de carbón supone un riesgo para la salud de la población y una amenaza para el medioambiente, ya que pueden llagar al acuífero, cuyas reservas de agua se usan para consumo humano. EFEUSA