Red espionaje en Guatemala se creó con fondos públicos
En la investigación del medio Nuestro Diario, se señala que se gastaron más de 90 millones de quetzales (unos 12 millones de dólares) para que expertos en tecnologías montaran un "sistema de vigilancia de última generación", que fue comprado a "un traficante israelí", identificado como Ori Zoller.
Nueva York – El Gobierno de Guatemala creó con fondos públicos una red de espionaje en el año 2012, que al parecer se mantiene hoy en día y que usa las redes sociales y los teléfonos móviles para espiar, según un reportaje publicado hoy por un medio local.
En la investigación del medio Nuestro Diario, se señala que se gastaron más de 90 millones de quetzales (unos 12 millones de dólares) para que expertos en tecnologías montaran un “sistema de vigilancia de última generación”, que fue comprado a “un traficante israelí”, identificado como Ori Zoller.
Desde 2012, durante el Gobierno de Otto Pérez Molina -en prisión preventiva por varios casos de corrupción-, se compró equipo tecnológico “de última generación” para “escuchar llamadas, ver mensajes, robar claves de correos y accesar (acceder) a las redes sociales”.
Según el medio, es así como se ordenó el seguimiento, a través de la Dirección General de Inteligencia Civil y con fondos de entidades como la Policía Nacional Civil o la Secretaría de Inteligencia Estratégica, a “políticos, empresarios, periodistas, activistas y diplomáticos”.
“Nada de esto ocurrió sin el conocimiento de las máximas autoridades”, se asegura en el reportaje, en el que se dice que se compraron las “versiones más avanzadas” de programas como “Penk-Link, Conceptus, Circles, Citer 360, Avatar, Pegasus, Laguna, entre otros” para “escuchar, leer, observar y seguir a quien sea”.
Fue el empresario israelí el que vendió el primer equipo de escuchas a través de una empresa italiana que adquirió un software denominado “Galileo”, pero otros gastos fueron “maquillados” con el pretexto de “seguridad del Estado”.
Esta unidad “clandestina” empezó a desaparecer en mayo de 2015, cuando la entonces ministra del Interior, Eunice Mendizábal, ordenó una auditoría que reveló “actos ilegales” y que provocó que algunos agentes fueran denunciados ante el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), aunque la investigación continúa y “aún no da frutos”.
“En las últimas semanas, exfuncionarios han denunciado estar siendo vigilados y perseguidos por el actual Gobierno. Nuestra investigación también revela cómo el personal que realizaba dichas prácticas sigue trabajando para el Estado”, se agrega en el reportaje.
Las víctimas de este espionaje eran seleccionadas “por sus convicciones políticas, sociales o porque eran críticas a las acciones de las autoridades de turno”, según se explica en el escrito.
El periódico asegura que la información de la que dispone muestra el alcance de que el Gobierno guatemalteco “tuvo y mantiene para vigilar a la sociedad, saltándose las leyes existentes” y añade que debido a la magnitud de la investigación se publicará información hasta el próximo viernes. EFE