Nueva York – Tras una década de constante reducción del hambre y la inseguridad alimenticia entre los niños y jóvenes de Denver, la capital de Colorado ha experimentado un marcado crecimiento de ese flagelo social en los últimos dos años a pesar de los programas creados para paliar esa situación, revela un nuevo reporte oficial.

En la actualidad, el 20 % de los 140.000 menores de edad en Denver (es decir, unos 28.000 menores) carece de acceso a alimentos en la cantidad y calidad necesarias, indicó este lunes el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente municipal (DDPHE, en inglés).

Como comparación, el hambre infantil en Denver llegó a su nivel más alto (casi 30 %) en 2009, es decir, en el inicio de la reciente recesión económica. Pero a partir de ese momento el porcentaje de niños afectados se redujo constantemente año tras años, hasta llegar a su nivel más bajo (17 %) en 2015. Y luego de un par de años de estabilidad, el problema creció una vez más.

Además, el porcentaje de niños con hambre en Denver (una ciudad de casi 720.000 habitantes, donde casi la mitad de los niños son hispanos) duplica al porcentaje de personas de toda edad en Colorado.

“Convocamos a las organizaciones elegibles a enviarnos sus ideas sobre la mejor manera para mejorar el acceso de los niños a comidas saludables y educación y habilidades sobre alimentos, como cocinar y jardinería”, dijo Ann Cecchine-Williams, directora interina de comunicaciones de DDPHE, en declaraciones preparadas.

En 2019, Denver implementó un aumento del 0,08 % al impuesto a las ventas para generar unos 10 millones de dólares anuales para combatir el hambre infantil en esta ciudad. Sin embargo, el programa “Alimentos Saludables para Niños de Denver” sólo comenzará a funcionar en su totalidad en la segunda mitad este año.

Mientras tanto, aseveró Sarah Rothberg, especialista en comunicaciones de Colorado Sin Hambre, la situación se complicará por la implementación de nuevas restricciones federales al acceso a recursos alimenticios y otros programas de ayuda social.

“Colorado Sin Hambre anticipa que la implementación de la regla de carga pública causará aumentos generalizados en la pobreza, el hambre y las necesidades de salud insatisfechas al hacer que las familias inmigrantes o con inmigrantes tengan miedo de usar las estampillas de comida (SNAP) y otros beneficios públicos para sobrellevar las tormentas de la vida”, dijo Rothberg a Efe.

La especialista hizo así mención al intento de la Administración del presidente Donald Trump de aplicar la regla de la “carga pública”, aunque ha sido temporalmente bloqueada por varios jueces federales.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) definen como “carga pública” a todo individuo que pueda potencialmente depender del Gobierno como fuente primaria de subsistencia, lo que se demostraría con la recepción de dinero de origen público como sustitutivo de renta.

Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el costo de los medicamentos, entre otros.

“Aunque la regla no se aplica al uso de beneficios por parte de ciudadanos estadounidenses o por personas que no están sujetas a la prueba de carga pública, estos grupos sentirán el impacto negativo de las nuevas regulaciones debido al temor que sienten las familias y la comunidad”, agregó.

Las apreciaciones de Rothberg coinciden con un reporte publicado el pasado 13 de febrero por el Banco de Alimentos de Nueva York, que indicó que en esa ciudad la demanda de ayuda alimenticia para niños creció un 76 % en los últimos doce meses.

En una y en otra ciudad el aumento en el costo de las viviendas y de los seguros de salud, así como dificultades de transporte y de cuidado de niños, se enumeran como las principales razones para el crecimiento del hambre infantil. EFE News