Nueva York – Muchos trabajadores de la pesca y la acuicultura son víctimas de abusos, trata y explotación como consecuencia de la pesca ilegal, por lo que deben ser rescatados, indicó hoy el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin.

El cardenal participó junto con el director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, en un acto con motivo del Día Mundial de la Pesca que se celebra hoy.

“Somos testigos de una situación trágica ante la cual la comunidad internacional está esforzándose en establecer soluciones específicas para erradicar el trabajo forzado de la cadena de valor global”, que afecta a la industria pesquera en muchos países, dijo Parolin en la sede de esa agencia.

El secretario de Estado citó al papa Francisco para denunciar la sobreexplotación de los recursos pesqueros y pedir una “vida mejor, más decente y próspera” para los migrantes que buscan nuevas oportunidades lejos de la pobreza, muchos de los cuales acaban en manos de las mafias que operan en el mar.

Llamó a coordinar los esfuerzos para facilitar la rehabilitación e integración de esas personas, reforzar las medidas de lucha contra el tráfico ilegal e imponer el cumplimiento de las reglas en el sector.

El director general de la FAO coincidió en la necesidad de trabajar juntos para acabar con los abusos y garantizar una pesca sostenible con el medio ambiente y que apoye el bienestar de quienes se dedican a esa actividad.

Unos 38 millones de personas trabajan en la pesca, considerada una de las profesiones más peligrosas, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que calcula que 24.000 pescadores mueren cada año por ejercer su trabajo.

El cardenal Antonio María Vegliò, presidente del Pontificio Consejo para los Migrantes e Itinerantes, consideró que ese fenómeno es un “crimen contra la humanidad” y se está expandiendo en todo el mundo afectando a hombres, mujeres y niños “invisibles que son explotados para satisfacer la lógica del beneficio económico”.

Bruno Ciceri, representante del apostolado del mar en ese órgano, alertó de la situación de muchos jóvenes pobres sin educación que buscan trabajo y entran en contacto con los contrabandistas a través de familiares y amigos.

Ciceri, que trabajó como capellán en Taiwán y previamente en Filipinas, puso el ejemplo de aquellas personas que firman un papel como contrato comprometiéndose a trabajar hasta 16 horas al día por apenas cinco dólares diarios, y son castigadas si no lo cumplen.

Prisioneros en el mar son revendidos por los traficantes y privados de sus documentos de identidad, sufren abusos físicos, verbales y hasta sexuales, están obligados a vivir hacinados en los barcos sin casi agua ni comida durante años y no tienen acceso a asistencia médica o medicamentos.

“Un número indeterminado de pescadores mueren y desaparecen en el mar por razones desconocidas”, dijo Ciceri, que relató que muchas empresas complementan esas actividades ilegales con otras como el contrabando de mercancías y la esclavitud.

Entre los instrumentos legales para hacer frente a ese problema, el representante de la OIT Gianni Rosas destacó la Convención número 188 de esa organización sobre el trabajo en la pesca, adoptado en 2007 y que entrará en vigor el próximo año tras haber sido ratificada por diez países.

En junio pasado, además, entró en vigor el primer tratado internacional contra la pesca ilegal, aprobado en 2009 como el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto de la FAO, después de que lo firmaran una treintena de países y la Unión Europea. EFE