Fernando Gimeno

Nueva York – Con sus casas destruidas y sus pertenencias perdidas, las mujeres damnificadas por las inundaciones en Perú también deben hacer frente a una arraigada violencia doméstica y evitar embarazos que agudicen su ya dramática situación, en la que el zika es una amenaza latente.

En Piura, la región con más afectados por el desastre, aún hay campamentos con al menos 3.000 personas hacinadas en carpas, con condiciones muy limitadas en higiene y salubridad, donde mujeres y adolescentes están desprotegidas ante eventuales agresiones sexuales y no disponen de medios para acudir a centros de salud.

Ante esta extrema situación, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) desplegó en la zona brigadas de médicos, ginecólogos y obstetras para atender en salud sexual y reproductiva a las mujeres más necesitadas, especialmente a las gestantes.

También repartió entre la población kits de higiene y de protección ante casos de violencia e instrumental médico y quirúrgico a los centros de salud, sobre todo en aquellos dañados por las inundaciones, para recuperar y ampliar su capacidad operativa con módulos para gestantes y cesáreas.

El objetivo es asistir en tres meses a cerca de 10.000 mujeres de las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad, de las que 7.000 están en la primera de ellas, explicó a Efe la responsable de emergencias del UNFPA, Zilda Cárcamo, cuyo organismo destinó alrededor de un millón de dólares en esta campaña.

“La salud sexual y reproductiva, junto con la prevención de la violencia de género, son los derechos de las mujeres menos atendidos durante las emergencias”, agregó Cárcamo, que dirigió la ayuda en colaboración con la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura y los Centros Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Eso permitió evitar 50 muertes maternas, afirmó a Efe el director regional de intervenciones estratégicas de la Diresa de Piura, Eduardo Álvarez, en cuya región se contabilizan 23 muertes maternas desde inicio de 2017.

Entre las mujeres asistidas está María Rosa Suyón, una embarazada de 34 años, que espera a su séptimo hijo, y que en plena gestación tuvo que abandonar su casa inundada y desplazarse al campamento de San Pablo, donde desde hace tres meses vive en una limitada carpa.

Allí, con 33 semanas de embarazo y sin saber el sexo de su hijo por falta de recursos, había abandonado sus controles hasta que el personal médico desplegado en la zona pudo asistirla y darle material como un mosquitero y preservativos para evitar que contraiga el zika.

Sin embargo, la violencia doméstica es otro frente de batalla, pues en los campamentos de refugiados se identificaron hasta 1.600 casos de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial, además de un caso de presunta trata de personas, dijo a Efe el abogado Gonzalo Taboada, supervisor de los Centros de Emergencia Mujer instalados en esos albergues.

“Está muy arraigada. Es muy común que el marido pegue a su mujer y esta piense que es algo normal, que es parte de su vida. Algunos llegan a su carpa ebrios después de trabajar, las insultan y las fuerzan a tener relaciones sexuales”, comentó Taboada, cuyo organismo tiene carpas donde realizan charlas a las mujeres y las asesoran en caso de que quieran presentar una denuncia.

Yeni Chiroque, una de las refugiadas en el campamento de Santa Rosa, aseguró a Efe que las capacitaciones recibidas han permitido a muchas mujeres valorarse más a sí mismas.

“Hemos cambiado emocionalmente. Nuestra autoestima era baja, y teníamos mucho estrés porque nunca habíamos vivido algo como lo que hemos sufrido”, comentó Chiroque mientras ve jugar a su hijo, con un silbato colgado al cuello, uno de los artículos del kit entregado por el UNFPA para pedir ayuda ante una eventual agresión.

La campaña desarrollada por el UNFPA se prolongará en principio por un me y después será misión íntegra del Gobierno y las autoridades locales proteger a las damnificadas en violencia, salud sexual y reproductiva, para no agudizar su delicado momento. EFE