Nueva York – El Gobierno francés presentó hoy en Consejo de Ministros un proyecto de ley para transformar las empresas de su país, cuyo punto más llamativo prevé vender la mayoría de acciones que el Estado posee en la gestora de aeropuertos de París, la compañía nacional de loterías y la gasística Engie.

La Ley Pacte (siglas de Plan de acción por el crecimiento y la transformación de empresas) se inspira en un millar de propuestas redactadas por parlamentarios y empresarios que fueron entregadas al Ministerio de Economía en diciembre con el objetivo de simplificar la vida de las pymes, que el Gobierno quiere hacer más competitivas.

“Nuestras empresas son demasiado pequeñas, no son capaces de afrontar la revolución digital y no exportan lo suficiente”, lamentó el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El texto suprimirá además las obligaciones del Estado de detentar una mayoría de acciones en las empresas Aeropuertos de París (ADP), la de loterías y apuestas Française des Jeux (FdJ), y en la compañía gasista Engie, de la que posee un tercio de los bonos.

“El Estado no tiene por vocación dirigir empresas competitivas en lugar de unos accionistas que tienen las competencias y el saber para hacerlo mejor”, dijo Le Maire en una entrevista al diario “Les Échos”.

Con esto, el Gobierno pretende obtener 10.000 millones de euros para un plan de innovación de empresas tecnológicas emergentes en campos como la inteligencia artificial y la nanoelectrónica, así como reducir la abultada deuda pública.

El Ministerio de Economía asegura que el Estado seguirá enmarcando en cierto grado las actividades de estas empresas, por ejemplo dictando el nivel de las tasas aeroportuarias, pero el texto no ha favorecido la mala fama del presidente, Emmanuel Macron, de ser “el presidente de los ricos”.

El proyecto de ley debía haber sido presentado hace ya dos meses, pero un calendario cargado de reformas polémicas, como la del sector ferroviario, que ha desatado tres meses de huelga, o la de la vivienda social, han jugado en contra de una ley especialmente criticada por la cuestión de las privatizaciones.

Le Maire, su principal abanderado, defiende que el texto construirá las bases de un nuevo rostro del capitalismo con un rol estatal redefinido.

Contempla además simplificar los procesos de creación de empresas, modificar el artículo del Código Civil que regula el objeto social de la empresa para que estas sean también conscientes de su “rol social y medioambiental”, y suprimir ciertas cotizaciones sociales para las pymes.

El examen en comisión parlamentaria no comenzará hasta septiembre y se prevé que la ley sea finalmente aprobada a finales de año o principios de 2019. EFE