Nueva York – El canal interoceánico en Nicaragua es “lesivo para la soberanía e intereses” del país centroamericano, indicó un estudio basado en el marco legal del proyecto difundido hoy por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que recomienda que el mismo no sea ejecutado.

“El régimen jurídico de esta concesión no instala un equilibrio entre los derechos del Estado y el inversionista, ni vela por los intereses económicos y sociales de la nación, sino que resulta lesivo para la soberanía y los intereses económicos de Nicaragua”, concluyó la FIDH, en un estudio realizado junto con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El proyecto “va a empobrecer el conjunto de la población”, dice el informe, que recomienda olvidar su ejecución del mismo.

El estudio está basado en una ley aprobada en 2013, a través de la cual el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega otorgó la concesión de construcción y administración exclusiva de un canal interoceánico a la empresa china HKND Group, por un período de 50 años, más otros 50 prorrogables.

La falta de licitación del proyecto y de transparencia en la ejecución, así como la carencia del respeto por los bienes comunes, atentan contra el desarrollo sostenible y los derechos humanos, según el informe.

Los organismos también criticaron que exista “una militarización de las zonas donde pasaría el canal”, y “la criminalización de los líderes campesinos” que se oponen a la construcción.

El proyecto del canal, con una inversión de 50.000 millones de dólares, consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud y de 230 a 280 metros de ancho, e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, entre otros.

El canal, cuya construcción creará unos 50.000 empleos, entraría en operación, según los cálculos de la compañía, cinco años después del inicio de las obras más importantes, es decir, la excavación del canal y la construcción de la esclusa oeste, prevista para comenzar a finales de 2016.

Para las organizaciones de derechos humanos, la llamada obra más grande jamás construida por la humanidad dejará pocos beneficios a Nicaragua, gracias la ley que lo regula.

El estudio resalta que Nicaragua recibirá 10 millones de dólares anuales durante 10 años de parte de la concesionaria, es decir, que el canal aportará al país durante una década la misma cantidad de dinero que producen las remesas familiares en un mes.

A cambio, el Gobierno nicaragüense otorgó a HKND concesiones en el reservorio de agua dulce más grande de Centroamérica, el Gran Lago de Nicaragua, que abastece a unas 800.000 personas en la actualidad y donde unas 40 especies de peces corren peligro, según el informe.

Asimismo señala que entre 30.000 y 120.000 personas serán desplazadas, especialmente indígenas y afrodescendientes.

“Este proyecto no sólo va a vulnerar los derechos de estos grupos de población, sino que va a empobrecer el conjunto de la población”, concluye el informe, que además recomienda olvidar su ejecución.

El estudio fue realizado por el Cenidh, la organización de vigilancia de los derechos humanos más prestigiosa de Nicaragua, en conjunto con la FIDH, con sede en París, y que tiene representación en 180 países.

El canal interoceánico es hasta ahora el proyecto más controvertido de la Administración Ortega. EFE