El compromiso quedó establecido en una carta de entendimiento suscrita por los representantes de esas instituciones y el Ministerio, y en la que firmó como testigo el presidente de Guatemala, Jimmy Morales.

El convenio permitirá al Ministerio Público (MP) instalar una agencia fiscal, a la Contraloría designar diez auditores y a la CICIG delegar investigadores legales y financieros para indagar la corrupción en el Ministerio de Salud.

Según la fiscal general, Thelma Aldana, el convenio tendrá vigencia de un año desde hoy y los costos correrán a cargo de las tres instituciones.

Además de investigar los casos de corrupción, los integrantes de la unidad deberán proponer medidas que prevengan nuevos actos en el Ministerio de Salud Pública.

La titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia Hernández Mack, dijo que su entidad se está tomando “muy en serio” la lucha contra la corrupción, pues esta “afecta directamente contra la vida de la población” cuando se habla de sanidad.

“Cada contrato anómalo, cada robo hormiga, cada contratación de personal indiscriminada, sin fundamentos, genera y representa una reducción de los recursos para el Ministerio de Salud que se traduce en enfermedad no tratada (…) y finalmente en muerte”, proclamó la funcionaria, y concluyó: “Cuando hablamos de salud la corrupción es sinónimo de muertes”.

Según la ministra, el convenio fue solicitado por el presidente de Guatemala, quien reiteró hoy su respaldo a las instituciones de Justicia para que combatan la corrupción y la impunidad en el país.

En este Ministerio, la corrupción “nos muestra una de sus peores caras porque cobra el más alto precio, la vida humana”, dijo Morales durante su breve discurso, en el que calificó de “hecho histórico” este acuerdo para que se fiscalice el actuar y la transparencia de la cartera.

“La lucha contra la corrupción continúa”, finalizó el mandatario en una alocución en la que pidió a la ciudadanía su apoyo para denunciar cualquier posible acto de corrupción: “Cambiar el rumbo de nuestro país no es trabajo de una persona, es trabajo de todos. Unámonos”.

Desde 2015, la CICIG y el MP han desarticulado varias redes de corrupción en el Estado que tienen en prisión, entre otros, al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. EFE