Nueva York – Una demanda presentada ante el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo de Costa Rica pretende que se obligue a la administración a desarrollar un estudio científico que determine si existe o no sobrepoblación de cocodrilos.

La demanda fue interpuesta el pasado 28 de junio por el abogado y socio director del bufete Energy Law Firm (ELF), Walter Brenes, contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y al Ministerio del Ambiente y Energía (Minae).

La razón es que el Sinac “no ha llevado a cabo una investigación con base en protocolos y procedimientos biológicos pertinentes, ni tampoco se conocen Planes de Manejo para la especie Cocodrylus acutus” (cocodrilo americano), según la demanda.

Según explicó Brenes en el texto “esto es sumamente grave porque se está poniendo en riesgo la vida de miles de personas que visitan esos sitios y afecta de manera negativa la actividad del turismo que genera miles de empleos en todo el país”.

En el último año se produjo un ataque de cocodrilo en Playa Tamarindo (Pacífico norte) que obligó a amputarle parte de la pierna a un surfista estadounidense, y en las últimas semanas se han dado una serie de avistamientos de cocodrilos en las Playas Bajamar, Tambor, Tamarindo y Esterillos (Pacífico norte).

Para el denunciante Costa Rica no cuenta con información concluyente en esta materia porque, entre otras razones, el Sinac ha mantenido una actitud “negligente” e incluso ha incumplido con las recomendaciones realizadas desde 2014 por la Contraloría General de la República.

“No se cuenta con informes ni estudios que nos indiquen el estado de la población de cocodrilos en el país por lo que no se pueden tomar medidas claras que protejan la seguridad de los bañistas en playas y ríos”, señala.

En las consideraciones de hecho de la demanda se indica que “ni el Sinac, ni el Estado, mantienen un programa de investigación sobre las poblaciones de cocodrilos en Costa Rica, ni mucho menos se conocen los Planes de Manejo de esa especie incumpliendo entonces con su monitoreo obligatorio”.

Además “no se mantiene un conocimiento real sobre las situaciones y poblaciones de cocodrilos en Costa Rica”.

Durante el 2014 en el Informe DFEO-AE-IF-09 la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República le ordenó a la Dirección Ejecutivo del Sinac establecer e implementar un sistema de monitoreo para conocer el estado de las poblaciones vulnerables entre ellas el Cocodrylus acutus, solicitud que sigue pendiente.

“Hasta el momento el Estado ha tenido una actitud sumamente pasiva en cuanto a este tema, ni ellos mismos cuentan con información suficiente para proceder a implementar planes de manejo de la especie con criterio técnico”, asevera Brenes.

Se da la circunstancia de que el pasado 27 de junio el abogado Brenes presentó un recurso de amparo en la Sala Constitucional de Costa Rica para que se tomen medidas para prevenir accidentes en el puente sobre el Río Tárcoles (Garabito, Pacífico central) desde donde se observan cocodrilos.

El recurso se dirige contra la Municipalidad de Garabito, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Dirección General de Tránsito.

El puente sobre el río Tárcoles, ubicado sobre la ruta 34 (Pacífica Fernández Oreamuno) acoge, desde hace años, a gran cantidad de personas, en su mayoría turistas, que se aglutinan para observar a los cocodrilos que toman el sol en las orillas del río.

Los cocodrilos de la especie americana pueden llegar a medir hasta seis metros de longitud y pesar más de 500 kilos.

ELF es un bufete de abogados especializado en el ejercicio del derecho público y ambiental, según su director y socio. EFE