Nueva York – Durante una entrevista el 2 de febrero en Fox News, el representante Steve Scalise (republicano de Louisiana) afirmó que el presidente Joe Biden estaba permitiendo que los inmigrantes sin papeles se vacunaran contra la covid-19 antes que los ciudadanos estadounidenses.

“Ahora [Biden] dice que las personas que vinieron aquí ilegalmente pueden adelantarse a estadounidenses que han estado esperando recibir la vacuna”, dijo Scalise, quien es el segundo líder republicano en la Cámara.

Lauren Fine, vocera de Scalise, dijo que el representante se refería a una declaración del 1 de febrero del Departamento de Seguridad Nacional, (DHS) que decía que la agencia “alienta a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, a recibir la vacuna contra la covid-19 una vez que sean elegibles bajo directrices de distribución local”.

Dado que el suministro es limitado, escribió Fine en una declaración enviada por correo electrónico, “por cada vacuna que recibe un inmigrante ilegal, esa es una que no recibe un ciudadano estadounidense”.

Teniendo en cuenta la declaración del DHS, otras declaraciones de prensa y planes ejecutivos, la administración Biden ciertamente ha expresado su posición de que todos los inmigrantes deberían poder obtener la vacuna.

Pero, nos preguntamos, ¿permitir que esta población acceda a la vacuna significa, como sugirió Scalise, colarse para vacunarse primero?

Le preguntamos a expertos.

La esencia de las políticas de Biden La administración Biden lanzó un plan estratégico nacional para covid-19 la primera semana de mandato. La administración, según el documento, está “comprometida a garantizar que las vacunas seguras, efectivas y gratuitas, estén disponibles para todos, independientemente de su estatus migratorio”.

El plan ordena a las agencias federales que tomen medidas para garantizar que todas las personas que viven en los Estados Unidos puedan acceder a la vacuna de forma gratuita y sin costos compartidos.

Durante una conferencia de prensa el 28 de enero, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la administración cree que “debe garantizar que todas las personas en los Estados Unidos, también los inmigrantes indocumentados, por supuesto, tengan acceso a una vacuna, porque es moralmente correcto; pero, también, porque garantiza que todas las personas en el país estén seguras”.

La declaración del DHS también especificó que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no realizaría operaciones de vigilancia en o cerca de los sitios o clínicas de vacunación.

La administración Biden no respondió a una solicitud para aclarar su posición sobre el acceso de inmigrantes indocumentados a las vacunas en relación con el reclamo de Scalise.

Pero, según la información disponible públicamente, está claro que quiere que los inmigrantes tengan acceso a la vacuna. Sin embargo, ninguna declaración o disposición en esas políticas indica que deberían “saltar” por delante de estadounidenses.

Los expertos en salud pública de todos los ámbitos criticaron a Scalise por su declaración y, de hecho, dijeron que no entendía nada.

“La línea no está marcada por tu estatus migratorio o legal”, dijo el doctor Ranit Mishori, asesor médico senior de Physicians for Human Rights, una organización sin fines de lucro que investiga las consecuencias para la salud de las violaciones de derechos humanos. “Está fijada por tu vulnerabilidad, tu potencial de exposición y tu riesgo”.

Jeffrey Levi, profesor de política y gestión de salud en la Universidad George Washington, dijo que la afirmación de Scalise tergiversa lo que Biden está tratando de hacer.

“Simplemente están diciendo que si un inmigrante se encuentra dentro de una categoría que actualmente tiene prioridad (por ejemplo, un trabajador de la salud o alguien mayor de cierta edad), no deberían ser excluidos de recibir la vacuna”, escribió Levi en un correo electrónico. “No coloca a un inmigrante por delante de una categoría prioritaria”.

Samantha Artiga, directora de equidad racial y política de salud en la Kaiser Family Foundation (KKF), tuvo una opinión similar.

“Las políticas públicas aclaran que todas las personas en los EE. UU. son elegibles para las vacunas, independientemente de su estado migratorio, y alientan a los inmigrantes a vacunarse cuando sean elegibles según las pautas locales”, escribió en un correo electrónico. “No dan prioridad a los inmigrantes”.

El doctor Jeffrey Singer, investigador principal en políticas de salud del Cato Institute, un grupo de expertos con sede en Washington DC, dijo que el plan Biden solo sigue la política estándar de salud pública y los principios epidemiológicos.

“El estatus migratorio es realmente irrelevante cuando damos prioridad a las personas. No importa de dónde venga. Si está aquí en los Estados Unidos, debe vacunarse”, agregó Singer.

Parte de la fuerza laboral esencial El Comité Asesor independiente sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendó en diciembre que los estados deberían priorizar primero la vacunación de los trabajadores de salud, además de residentes y miembros del personal de los hogares de adultos mayores.

El siguiente grupo prioritario, según ACIP, deberían ser las personas de 75 años o más y otros trabajadores esenciales de primera línea que no están en la atención médica. La administración Biden también recomendó recientemente que se reduzca la categoría de edad para incluir a todas las personas de 65 años o más.

Sin embargo, los estados son libres de crear sus propios planes de distribución de vacunas y decidir qué grupos se vacunarán primero.

Los inmigrantes indocumentados suponen unos porcentajes significativos de la fuerza laboral considerada “esencial” por ACIP.

Por ejemplo, KFF informa que los no ciudadanos (un grupo amplio que podría incluir inmigrantes en el país legalmente) constituyen el 22 % de todos los trabajadores de producción de alimentos, el 8 % de los trabajadores en instalaciones de atención a largo plazo y el 5 % de los trabajadores de salud que tienen contacto directo con pacientes.

El Instituto de Política Migratoria estimó, en un informe de febrero, que el número de inmigrantes no autorizados que califican como trabajadores esenciales oscila entre 1,1 millones y 5,6 millones, dependiendo de cómo se definan los trabajadores esenciales.

El instituto también informó que aproximadamente el 49 % de los 2,4 millones de trabajadores agrícolas estimados en los Estados Unidos en 2016 eran inmigrantes indocumentados.

Y es importante que esos grupos se vacunen, independientemente de su estatus migratorio, no solo como una buena práctica de salud pública, sino también desde una perspectiva ética y humana, dijo el doctor Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública.

“Obviamente, ha sido un principio de salud pública largamente constatado que la infección en cualquier lugar afecta la salud de todos”, dijo Benjamin. “También es de los más altos estándares éticos asegurarse de que todos se vacunen y reciban tratamiento para enfermedades infecciosas”.

Benjamin agregó que muchos inmigrantes no autorizados, que trabajan en roles esenciales, son la base que está manteniendo la sociedad en funcionamiento durante la pandemia, como los trabajadores de restaurantes y los cuidadores.

“Corren un mayor riesgo, porque están fuera de casa, y no pueden refugiarse en su hogar”, indicó Benjamin. “Al final del día, si no los vacunamos y no pueden ir a trabajar, nuestra economía colapsaría por completo”.

Además, el 70 % al 90 % de la población necesita vacunarse para alcanzar la inmunidad colectiva en los EE. UU.

“Mientras esto no suceda, no importa quién esté vacunado”, dijo Mishori. “Para alcanzar la inmunidad colectiva, todos, independientemente del estatus migratorio, deben vacunarse”.

“Los virus no conocen el estatus legal de sus víctimas”, agregó Mishori.

Aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados viven en el país, lo que representa alrededor del 3 % de aproximadamente 330 millones de habitantes. EFE News