Nueva York – El Consejo de Estado francés dictaminó este viernes que el Gobierno tendrá que pagar una multa de 10 millones de euros por semestre para obligarle a tomar medidas que reduzcan la contaminación del aire en ocho áreas del país donde se han superado los umbrales fijados por la normativa europea.

La más alta instancia de recurso administrativo fijó esa sanción, la más elevada que ha impuesto hasta ahora para que se cumpla una de sus decisiones, por la inacción del Ejecutivo tras haberle instado a actuar en julio de 2017.

La multa se tendrá que abonar mientras no se respete el dictamen publicado entonces, que obligaba a elaborar y poner en marcha planes sobre la calidad del aire para que las concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) y de partículas finas (PM10) se sitúen por debajo de los límites de la directiva europea de 2008, que es la referencia.

El pasado año, se habían excedido esos umbrales para el NO2 en el valle del Arve, en el área urbana de Marsella y Aix-en-Provence, así como en las ciudades de Grenoble, Lyon, Reims, Estrasburgo y en Toulouse. Además, en Fort-de-France se habían superado para las partículas finas y en París tanto para el NO2 como para las PM10.

El Consejo de Estado reconoce que el pasado año se elaboró un plan para el valle del Arve con medidas “precisas detalladas y creíbles” para poder cumplir las normas de aquí a 2022.

Pero para las otras zonas, las “hojas de ruta” no tienen “ni estimación de la mejora de la calidad del aire esperada, ni precisión sobre los plazos para la realización de esos objetivos”.

Si el Gobierno tampoco se sometiera ahora a sus obligaciones, el dinero de las multas podría ir a las organizaciones que recurrieron a la Justicia administrativa, pero también a instancias públicas o privadas (sin ánimo de lucro) con misiones en la calidad del aire. EFE