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Perú plantea combatir el alto precio de medicamentos con venta de genéricos

Fuentes oficiales informaron este jueves que la medida fue acordada por el Consejo de Ministros, después de que el lunes pasado el presidente Martín Vizcarra anunciara que se estaban revisando los precios de las medicinas y la venta de genéricos en las farmacias.

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Nueva York –  El Gobierno de Perú plantea combatir el alto precio de los medicamentos con marca de laboratorio mediante un proyecto de ley que ordena la venta obligatoria de productos genéricos en todas las farmacias del país.

Fuentes oficiales informaron este jueves que la medida fue acordada por el Consejo de Ministros, después de que el lunes pasado el presidente Martín Vizcarra anunciara que se estaban revisando los precios de las medicinas y la venta de genéricos en las farmacias.

“No puede ser que en el Perú el precio de las medicinas esté más caro que en Europa y Estados Unidos, por nuestras propias normas. Estamos cambiando las normas”, declaró el gobernante en ese momento.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, los precios de las medicinas con marca pueden cuadruplicar a los genéricos ofrecidos en las mismas farmacias privadas, así como ser hasta siete veces mayores a los de instituciones de salud estatales.

En Perú es habitual que las farmacias ofrezcan las medicinas de mayor precio como primera alternativa, y solo indican los genéricos cuando estos son pedidos expresamente por los compradores, aunque muchas veces responden que no están disponibles.

Al respecto, Vizcarra afirmó que los ciudadanos tienen “que estar sujetos a un producto de marca, al que la (empresa) química le pone el precio que quiere” y que el Gobierno tiene que velar por los intereses de “la población y no por los de las grandes empresas”.

Este jueves, el excongresista y experto en defensa del consumidor Jaime Delgado indicó en el diario La República que el mercado farmacéutico peruano “es imperfecto”, ya que establece que en los medicamentos con patente “pueden imponer los precisos que quieran”.

Agregó que, además, muchos médicos “están influenciados por la industria” farmacéutica, que les ofrece incentivos por recetar sus productos, y las farmacias dan poca información al consumidor.

Tras conocer la iniciativa del Gobierno, la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan) manifestó su desacuerdo, por considerar que el Gobierno busca resolver las deficiencias del sector público interviniendo en el accionar del privado, que en Perú es representado por 196 empresas farmacéuticas.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe), Ángela Flores, anunció que solicitarán una cita con la ministra de Salud, Zulema Tomás, para conocer los detalles de la propuesta del Ejecutivo.

Precisamente, Tomás explicó que “el proyecto de ley declara a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos, como parte esencial del derecho a la salud y dispone medidas para garantizar su disponibilidad”.

Sostuvo que “con esta ley se permitirá la accesibilidad oportuna a los medicamentos genéricos y también a los biosimilares, que son de alto costo para enfermedades como el cáncer”.

La ministra dijo que su despacho tendrá 90 días para elaborar y presentar el reglamento de la nueva norma, una vez que sea aprobada por el Congreso.

A su turno, el presidente de la Comisión de Salud del Parlamento, Eloy Narváez, anunció que ha solicitado que se dé prioridad a este proyecto, el cual podría verse durante la actual legislatura, que ha sido ampliada hasta el 25 de julio.

La Comisión de Salud ya aprobó en noviembre pasado un proyecto que plantea establecer un lote mínimo de medicamentos genéricos en las farmacias y boticas, una propuesta similar a la que aprobó en setiembre de 2017 la Comisión de Defensa del Consumidor, aunque ninguno de ellas ha sido debatido aún por el pleno.

En Perú existen 11.000 farmacias, aunque las grandes cadenas pertenecen desde 2018 a una sola empresa, por lo que organismos civiles señalan que eso puede generar una concertación de precios, tal como estableció en un caso, en 2016, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Defensa de la Protección Intelectual (Indecopi). EFE

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