Nueva York – El Gobierno egipcio insistió hoy en su compromiso con el respeto de los derechos humanos y negó que se violen de manera sistemática en el país, como denuncian ONG internacionales y nacionales.

El ministro de Asuntos Parlamentarios, Omar Marwan, subrayó hoy en una rueda de prensa en El Cairo la “voluntad de Egipto de aplicar todas las normas reconocidas internacionalmente” y agregó que el Gobierno “realiza un esfuerzo constante para mejorar el nivel de aplicación de los derechos humanos a nivel nacional”.

No obstante, advirtió de la dificultad de lograr un equilibrio entre el respeto de los derechos humanos y el mantenimiento de la seguridad en el país frente a la amenaza del terrorismo.

“Egipto persevera en sus esfuerzos para conseguir un futuro mejor para sus ciudadanos, cumplir sus obligaciones de defenderlos frente al terrorismo y lograr el delicado equilibrio entre la lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos y las libertades”, apuntó.

El pasado 6 de septiembre, la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció en un informe el “uso sistemático de la tortura” en Egipto, que describió como una práctica “endémica”. Entonces el Gobierno rechazó esas acusaciones y las calificó de “difamación deliberada”.

En este sentido, el secretario del Servicio de Información del Estado, Diaa Rashuan, aseguró que el fiscal general, Nabil Sadik, ordenó el pasado 30 de octubre la investigación de las acusaciones recogidas en ese informe “sobre algunas prácticas consideradas como violación de los derechos humanos”.

Rashuan también comentó en la rueda de prensa que la “mala fama” internacional de Egipto sobre las supuestas violaciones de los derechos humanos se debe a la “lucha política” existente en el país, en referencia a los Hermanos Musulmanes, que fueron expulsados del poder tras el golpe de Estado de julio de 2013, acusados de terrorismo y perseguidos por las fuerzas de seguridad y la justicia.

En este sentido, indicó que anualmente solo un 0,4 por ciento de los agentes y oficiales de la Policía están implicados en algún tipo de abuso de poder e hizo hincapié en que se trata de casos aislados.

Por otra parte, tanto el Ministro como la presidenta del Comité de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Suzan Abdelrahman, negaron que se produzcan “desapariciones forzosas en el país”, como han denunciado en varias ocasiones distintas ONG.

Abdelrahman apuntó que en la “la gran mayoría” de los casos denunciados esas personas habían sido detenidas por orden judicial, habían muerto en accidentes, habían emigrado de manera ilegal o se habían unido a grupos terroristas.

En la rueda de prensa también insistieron en que desde el Gobierno se han comenzado a implementar una serie de medidas para la defensa y la promoción de los derechos humanos, como la creación de una División de Derechos Humanos en la oficina del Fiscal General, de acuerdo con un decreto de la Fiscalía del pasado 13 de noviembre.

Entre las funciones de esta División se encuentra desde la investigación de las denuncias sobre violaciones contra los derechos humanos hasta el establecimiento de una base de datos sobre los casos investigados, pasando por la realización de visitas sorpresa a prisiones o la organización de conferencias y seminarios. EFE