Nueva York – Centroamérica y el Caribe siguen siendo zonas clave para el tránsito de la droga de las redes delictivas que, además de propiciar el consumo indebido entre la población, causan desforestación comprando tierras para actividades de blanqueo de dinero, resaltó hoy en Viena la ONU.

En su informe anual, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un órgano autónomo del sistema de Naciones Unidas, recuerda que la región desempeña un papel “importante” para la “reexpedición de las drogas ilícitas” proveniente de Sudamérica y destinada al mercado negro de Norteamérica y Europa.

Se calcula que en 2015 el 76 % de la cocaína salida de América del Sur -sobre todo de Colombia y Perú- “atravesó el Pacífico oriental, mayormente en barcos o embarcaciones semisumergibles, y entró en Centroamérica o México antes de ser transportada por tierra a Estados Unidos”, señala el documento.

Los datos oficiales de incautación, de un volumen total en torno a las 86 toneladas, apuntan a que el tráfico de cocaína en Centroamérica y el Caribe se mantuvo relativamente estable en los últimos años.

Eso sí, en varios países, como Panamá, El Salvador o Guatemala, se registró un aumento de los volúmenes de droga confiscada.

La JIFE advierte de que el narcotráfico es responsable de “entre el 15 % y el 30 % (entre 1.500 y 3.000 hectáreas) de la pérdida de bosques en Guatemala, Honduras y Nicaragua” en el último decenio, una pérdida que en gran parte afecta zonas protegidas.

Sobre todo la compra de terrenos para la tala ilegal y la ganadería con el fin de blanquear el dinero de la droga está vinculada a buena parte de la deforestación en toda la región, resalta el documento al recordar el resultado de un estudio de la ONU publicado en 2017.

Además, la construcción de carreteras secretas y pistas de aterrizaje clandestinas para facilitar el contrabando de las sustancias prohibidas también contribuye a la pérdida de bosque.

El informe recuerda que Costa Rica, por ejemplo, ha dejado de ser un país exclusivamente de tránsito, pues se ha “convertido también en punto de retención temporal de las drogas antes de su envío a los mercados de destino”.

Evidentemente, las redes narcotraficantes se benefician de la geografía del país sobre todo en las zonas fronterizas, de difícil acceso para la interceptación por parte de las autoridades.

Frente a estos desafíos, los Gobiernos de la región han intensificado sus esfuerzos a la hora de luchar contra la delincuencia organizada, no solo a nivel nacional, sino también en la cooperación regional, algo que la JIFE “aplaude”.

Así, la República Dominicana y Costa Rica han adoptado leyes más estrictas para controlar las transacciones financieras, con el fin de combatir el lavado de dinero.

Mientras, Panamá está tomando medidas “para armonizar sus políticas con el Perú a fin de prevenir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes”.

La droga más consumida en la zona es de lejos el cannabis, mientras que “el uso indebido de sustancias psicotrópicas y otros estimulantes es muy bajo”, señala el informe.

Otro de los problemas de los países de este área es, según la JIFE, la falta de “tratamiento integral a los toxicómanos”, debido a deficiencias estructurales de los sistemas médicos, el bajo desarrollo técnico y una financiación insuficiente.

Además, en muchos países no se han realizado aún estudios de prevalencia a nivel nacional sobre el uso indebido de drogas y su tratamiento en la población en general.

En este contexto, la Junta “exhorta a la comunidad internacional a que preste asistencia para establecer programas y servicios de rehabilitación que sean eficaces” en la región. EFE