Alfonso Fernández

Nueva York – Scott Pruitt, un escéptico del cambio climático y defensor de la industria de combustibles fósiles, es la paradójica elección del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, para liderar la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en inglés).

De ser confirmado por el Senado, Pruitt sucederá a Gina McCarthy, la directora de la EPA bajo el Gobierno del presidente Barack Obama, una firme y decidida defensora de la importancia de reconocer y encarar el combate contra el cambio climático.

“Si rechazamos de manera tozuda la ciencia, caeremos en la parálisis”, aseguró hace unas semanas McCarthy cuando aún no se conocía quién podría ser su sucesor.

Ahora que ya se conoce, la marcha atrás parece inevitable en la lucha contra el calentamiento global por parte la primera economía global.

El cambio de rumbo en materia medioambiental marcado por Trump con la elección de Pruitt, fiscal general de Oklahoma, es casi un giro de 180 grados.

“Los científicos continúan en desacuerdo sobre el grado y alcance del calentamiento global y su conexión con las acciones de los seres humanos. El debate debería ser alentado -en clases, foros públicos, y las salas del Congreso-“, afirmó este año Pruitt en la revista conservadora National Review.

En su comunicado de aceptación del cargo, remarcó claramente cuáles serán sus prioridades: “Los ciudadanos estadounidenses están cansados de ver miles de millones de dólares drenados de nuestra economía debido a innecesarias regulaciones de la EPA”.

La paradoja va aún más lejos si se tiene en cuenta que Pruitt ha encabezado en los últimos años dos demandas contra la agencia medioambiental federal que Trump le ha asignado ahora dirigir, y se ha situado claramente del lado de la industria del petróleo y el gas.

En ambos casos, lo ha hecho con el argumento de que el Gobierno federal se había sobrepasado a la hora de exigir a los estados que cumplieran con regulaciones de la EPA para controlar las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero.

Para Pruitt, de 48 años, las críticas carecen de cualquier fundamento, ya que “el trabajo del fiscal general es defender los intereses de los ciudadanos de Oklahoma”.

“Esto incluye proteger la economía de Oklahoma de los peligrosos efectos de la extralimitación federal de agencias como la EPA. El sector energético es un motor fundamental de la economía de Oklahoma”, agregó en declaraciones a The New York Times hace dos años.

Oklahoma es actualmente uno de los principales estados productores de petróleo y gas, especialmente gracias al desarrollo de la fracturación hidráulica o “fracking”.

Un reporte del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS) de 2015 advirtió que la actividad sísmica inducida ha aumentado notablemente en EE.UU. desde 2009, y la ha asociado al “boom” petrolero con la técnica de la fracturación hidráulica, con especial incidencia en el centro del país y Oklahoma a la cabeza.

En 2010, este estado registró tres terremotos superiores a la magnitud 3 en la escala de Richter, mientras que en 2015 fueron 907.

Sin embargo, su cruzada contra el Gobierno liderado por el presidente Barack Obama no se circunscribe a la cuestión medioambiental.

Pruitt ha impulsado o formado parte de diversas iniciativas judiciales por parte de estados republicanos para frenar órdenes federales para detener la protección a inmigrantes indocumentados menores de edad, evitar que la reforma de salud obligue a los empleadores a ofrecer cobertura contraceptiva por motivos religiosos, y aligerar la reforma financiera.

Como consecuencia, The Washington Post lo ha bautizado como “la peor pesadilla de Obama”.

Cuando se haga cargo de la EPA, una vez que Trump asuma el 20 de enero la Presidencia y sea confirmado por el Senado, Pruitt podrá desmontar las políticas que ha mantenido en los últimos años una de las agencias federales a las que Obama había dedicado más recursos y dedicación. EFE