Nueva York – Cuba anunció hoy nuevas regulaciones para el sector de la vivienda en la isla, uno de los más deprimidos y con precios prohibitivos para el cubano medio, que ahora podrá adquirir casas sin terminar o legalizar viviendas construidas sin la documentación establecida.

Las regulaciones, publicadas este martes en la Gaceta Oficial de la República, se deben a la necesidad de ajustar las nuevas políticas del Gobierno cubano a las “circunstancias actuales”, proceso que forma parte de las reformas impulsadas por el presidente Raúl Castro en su afán de “actualizar el modelo económico cubano”.

En las normativas destaca la venta “por una única vez” de 16.887 viviendas sociales en ejecución a ciudadanos de la isla, que puedan pagar el valor de transferencia del inmueble y lo terminen dentro de cinco años, periodo en el que se deberán habilitar y legalizar las viviendas.

De no cumplirse el plazo, el inmueble regresará al Estado, que devolverá al beneficiado el dinero pagado hasta el momento, explica el estatal diario Granma en un extenso artículo.

La cobertura habitacional es uno de los temas más sensibles en la isla, que desde hace décadas solo construye nuevas viviendas sociales para afectados por los frecuentes huracanes que azotan el país caribeño o damnificados por derrumbes debido al mal estado de algunos edificios.

La crisis extrema en la que se sumió Cuba tras la desaparición de la Unión Soviética, a inicios de la década de 1990, provocó que miles de viviendas quedaran a medio terminar por toda la isla, reduciendo las posibilidades de los cubanos de adquirir inmuebles a precios controlados.

Después de cinco décadas de prohibiciones, el Gobierno cubano autorizó en noviembre de 2011 la compraventa, permuta, donación y adjudicación de viviendas entre personas naturales cubanas con domicilio en el país, en gran medida para reordenar un sector marcado por las ilegalidades.

Debido al incremento de la población, la escasez de inmuebles y a pesar de las normas que fijaron el valor legal de la compraventa, los precios de las viviendas se han disparado hasta sumas prohibitivas para el bolsillo de la inmensa mayoría de los ciudadanos de la isla, con un salario medio de cerca de 25 dólares.

Muchos cubanos no declaran el monto real de la operación para evadir el tributo del 4 % sobre el monto de la compraventa, por lo que el Estado decidió ahora establecer un valor referencial de las viviendas solo para el cálculo del pago de impuestos.

El monto referencial no será el valor legal del inmueble y solo se usará para los cálculos complementarios.

Este valor de referencia no tendrá que ser fijado por personal especializado y se determinará teniendo en cuenta aspectos como la cantidad de habitaciones, su localización, el tipo de construcción y las facilidades urbanísticas.

Esta disposición legal solo se aplicará a la compraventa, y no serán afectadas las operaciones de transferencia por donación familiar, por herencia o liquidación de bienes por divorcio, que mantendrán el valor legal como base para el impuesto.

Las nuevas regulaciones establecen también que todo el propietario que desee vender una vivienda asignada por el Estado o construida mediante subsidios, deberá reintegrar al Presupuesto Estatal el monto total del beneficio recibido, si la operación tiene lugar en los primeros 15 años a partir de la adquisición.

Así, Cuba reconoce “casos de beneficiados que con afán de lucro han vendido sus viviendas a altos precios, desvirtuando el objetivo social de resolver sus problemas habitacionales”, según Granma.

Asimismo, en adelante y de manera excepcional, podrán legalizar su situación los 20.021 afectados por huracanes que construyeron sus hogares o comenzaron las reparaciones sin tener la documentación establecida, lo cual les permitirá ser elegibles para subsidios.

El Gobierno cubano anunció además cambios en las pautas para otorgar beneficios en este sentido y la extensión del periodo de respuesta a las solicitudes de 45 a 70 días hábiles.

Ante la gran cantidad de solicitudes de subsidios, en lo adelante se establecerán dos oportunidades al año como mínimo para la recepción de peticiones de este tipo, teniendo en cuenta el presupuesto disponible. EFE