Gaspar Ruiz-Canela

Nueva York – Las redes sociales se han convertido en una herramienta útil para comunicarse, pero también suponen un riesgo para los activistas que defienden los derechos laborales o medioambientales, entre otros, en países del Sudeste Asiático.

La libertad en Internet se ha reducido en los últimos años en países como Tailandia, Malasia, Vietnam o Birmania (Myanmar), donde ciudadanos y activistas son perseguidos por lo que expresan en sitios como Facebook o Twitter.

El pasado 15 de agosto, un universitario y activista tailandés, Jatupat Boonpattaraksa, fue condenado a dos años y seis meses de prisión por compartir en Facebook un perfil del rey Vajiralonkorn realizada por la cadena británica BBC.

La biografía, que incluía aspectos controvertidos de la vida privada del rey, fue compartida más de 2.600 veces, pero el joven es el único que ha sido perseguido por la justicia del país.

Jatupat, que antes de su detención lideró varias acciones de protesta contra la junta militar que gobierna desde 2014, fue reconocido en abril con el premio Gwangju de derechos humanos que concede Corea del Sur, pero no pudo recogerlo por estar por entonces en prisión preventiva.

Al activista, conocido como Pai Dao Din, se le aplicó la severa ley de lesa majestad, que castiga con entre 3 y 15 años de cárcel a quienes critiquen o emitan comentarios que se consideren insultantes con la familia real.

Las autoridades tailandesas también utilizan la ley de internet y la ley de difamación para iniciar procesos penales contra activistas, según Sutharee Wannasiri, de la ONG Fortify Rights.

“Nosotros abogamos por la enmienda de la ley de internet, que incluye penas de prisión”, indicó Sutharee recientemente en una conferencia en el Club de Corresponsables Extranjeros de Tailandia (FCCT) en Bangkok.

Sutharee precisó que el mero hecho que pinchar “me gusta” en algunos contenidos en las redes sociales puede ser motivo para ser interrogados y denunciados por la Policía.

En la misma conferencia, Pornthip Hongchai, una campesina y activista tailandesa de la provincia de Loei (noreste), apuntó que las redes sociales ayudan a comunicarse con el público, pero también abren la puerta a posibles represalias por parte de las autoridades.

La activista, que lleva años luchando contra una mina de oro a la que acusa de contaminar el entorno en el distrito de Wang Saphung, indicó que los vecinos se ven indefensos en muchas ocasiones ante el poder de las empresas y las autoridades.

El birmano Zaw Zaw Latt, que aboga por el entendimiento interreligioso en su país, denunció en el FCCT que la Policía birmana no investiga las amenazas de muerte que ha recibido en las redes sociales por parte de grupos budistas radicales.

“Si un musulmán escribe algo así en internet es arrestado rápidamente”, aseguró.

Zaw Zaw Latt lleva años realizando campaña por el acercamiento entre budistas, cristianos y musulmanes en Birmania, donde grupos budistas radicales han aumentado sus incitaciones de odio contra los mahometanos, incluida la perseguida minoría rohinyá.

Según la ONG estadounidense Freedom House, en 2016 Vietnam, donde la detención de blogueros críticos es habitual, obtuvo una nota de 76 (siendo 100 la peor) en el ránking mundial de censura en las redes sociales.

En el resto de la región, le seguía Tailandia (66 puntos), Birmania (61) y Camboya (52), mientras que no hay datos sobre el hermético Laos, gobernado por un régimen comunista desde 1975.

Según David Kaye, relator especial de la ONU para la libertad de expresión, en el Sudeste Asiático existe un aumento de la “criminalización” de las críticas al Gobierno y un abuso del uso de leyes contra la blasfemia en países como Indonesia.

Kaye, profesor de la Universidad de California, opinó que la excesiva regulación en internet es perjudicial para la libertad de expresión, que consideró esencial para garantizar el desarrollo, la salud y otros derechos básicos. EFE