Nueva York – Legisladores demócratas, dirigentes religiosos y activistas abogaron este miércoles por una senda a la ciudadanía para 5,2 millones de migrantes indocumentados que sido “trabajadores esenciales” durante la pandemia de la covid-19.

El senador Alex Padilla, demócrata de California, presidió por primera vez una audiencia del Subcomité de Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza en el Comité Judicial de la Cámara alta, que consideró el papel de los inmigrantes en Estados Unidos.

Horas antes de la audiencia, cientos de migrantes marcharon desde la sede del Comité Nacional Republicano al Capitolio demandando la ciudadanía para los trabajadores esenciales, y al menos 40 personas fueron detenidas por sentarse en la calle obstruyendo el tránsito en un acto de desobediencia civil.

“Debido a las reglas arbitrarias de nuestro sistema de inmigración a demasiadas familias se les niegan oportunidades”, afirmó Padilla. “Estados Unidos depende del trabajo de los inmigrantes, y estos han puesto su salud y su familia en riesgo para mantener el país funcionando”.

“El Gobierno de Estados Unidos reconoce como trabajadores esenciales y el mismo Gobierno les niega oportunidades”, añadió. “La forma en que resolvamos el estatus de los inmigrantes que ya están en el país es un asunto totalmente diferente de la situación actual en la frontera”.

El senador John Cornyn, de Texas y el republicano de más alto rango en el subcomité, dijo que el papel de los inmigrantes en la economía nacional es “crítico”, pero dijo primero hay que resolver la “situación actual en la frontera”, en referencia al arribo de decenas de miles de migrantes cada mes.

Según Cornyn, la legislación promovida por Padilla para otorgar la ciudadanía a los trabajadores esenciales “en lugar de sacar de las sombras permanentemente a los indocumentados aumentará el número de indocumentados, y es fundamentalmente injusta para todos los inmigrantes que han hecho los trámites legales”.

Ronald Vitiello, exjefe de la Patrulla Fronteriza, afirmó en la audiencia que “la experiencia muestra que las oleadas de ingresos ilegales (en la frontera) disminuyen cuando se aplican consecuencias”.

“La falta de consecuencias para quienes cruzan ilegalmente ha exacerbado y seguirá exacerbando este problema”, añadió. “Ello alienta a más familias a emprender la travesía peligrosa”.

Según un informe de FWD.US, citado en la audiencia, casi 23 millones de inmigrantes han trabajado en puestos relacionados con el cuidado de la salud, la agricultura y producción de alimentos y la sanidad, esto es uno de cada cinco individuos en empleos esenciales.

De este contingente de trabajadores, unos 5,2 millones son migrantes indocumentados, y casi un millón de estos son jóvenes que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran menores de edad, señaló el estudio.

“No se puede cosechar fresas u ordeñar vacas vía Zoom”, dijo a los legisladores Bruce Goldstein, presidente de Farmworkers Justice (Justicia para los Trabajadores Rurales). “Por eso, mientras tantos de nosotros nos volcamos al trabajo remoto, los peones rurales siguieron presentándose a trabajar personalmente”.

Más de 850 dirigentes religiosos y casi 150 organizaciones religiosas en 45 estados y el Distrito de Columbia se hicieron presentes en los registros de la audiencia con un mensaje pidiendo “una senda a la ciudadanía para los trabajadores inmigrantes esenciales”.

“Sabemos que incontables inmigrantes que son miembros de nuestras congregaciones, templos y comunidades, han trabajado durante la pandemia proveyendo bienes básicos y servicios críticos que nos han ayudado a todos a sobrellevar esta época terrible”, indicó la carta.

“Si bien son sólo el 17 % de unos 156 millones de personas trabajadoras en Estados Unidos, los inmigrantes están representados desproporcionadamente en las ocupaciones de primera línea e industrias esenciales, incluido el cuidado de niños, el cuidado de la salud, empleados escolares y peones rurales”, añadió.

En Estados Unidos hay unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales han vivido, trabajado, formado familias y establecido negocios durante décadas, y todos los intentos por regularizar su situación han fallado en el Congreso por más de dos décadas.

Casos diferentes son los de los “soñadores” amparados bajo la Acción Diferida (DACA) y los de los “tepesianos” de una decena de países, cubiertos por programas de residencia legal temporaria.

El presidente Joe Biden, en el día mismo de su investidura, el 20 de enero, prometió que buscaría del Congreso soluciones legislativas definitivas para los indocumentados, “soñadores” y “tepesianos”, pero cuando ya han pasado casi cuatro meses las posibilidades de un acuerdo legislativo lucen remotas por el rechazo republicano. EFE News