Raúl Sánchez Costa

Nueva York – Rumanía afronta las elecciones generales del día 11 con unas prometedoras cifras macroeconómicas que no tienen reflejo en la calidad de vida de los ciudadanos, a los que los principales partidos prometen un aumento del gasto público que puede disparar un déficit hasta ahora bajo control.

Mientras el Banco Mundial prevé una fuerte crecimiento para este año, del 5,1 %, uno de los mayores en la Unión Europea (UE), el 37 por ciento de los rumanos vive en riesgo de pobreza, según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat).

“Los datos macroeconómicos son alentadores, pero si nos fijamos en lo que hay detrás de estas cifras, observamos que el desarrollo económico se debe principalmente al consumo, por lo que, si estallara una nueva crisis, los efectos serían devastadores”, explica a Efe el analista económico Dan Popa.

La situación es aún peor entre los menores de edad: En Rumanía, el segundo país más pobre de la UE, el 46,8 por ciento de los niños corre riesgo de exclusión social.

“Necesitamos una visión general de la economía, con medidas de estimulación fiscal de las zonas desfavorecidas. No sirve para nada construir autovías en zonas prósperas cuando más de la mitad del país no tiene agua corriente”, contrasta Popa.

Uno de los problemas para el desarrollo económico del país balcánico es la ineficacia con la que usa los fondos de cohesión que recibe de la UE.

Así, de 572 millones para proyectos de lucha contra la pobreza para el periodo 2014-2020, Rumanía había usado exactamente cero céntimos a mediados de este año.

“La escasa absorción (de los fondos) es un problema que se presenta en todos los programas debido a la corrupción y al clientelismo, lo que pone en peligro el crecimiento”, explica el economista Aurel Dragan.

Un informe de la ONG World Vision muestra que el 66 por ciento de las familias que residen en zonas rurales de Rumanía no tienen ingresos suficientes para la compra diaria y que uno de cada ocho niños se acuesta con hambre cada noche.

El sociólogo Iulian Stanescu asegura que la causa de este desajuste es que el desarrollo económico de los últimos años no generó puestos de trabajo.

“No sirve tener mejores sueldos si el coste de vida crece aún más”, resume Stanescu en declaraciones a Efe.

El primer ministro, el independiente Dacian Ciolos, presentó un programa antipobreza nada más llegar al poder a fines de 2015.

Uno de sus objetivos pasa por aumentar el porcentaje de población activa desde el 65,7 al 70 por ciento entre 2015 y 2020.

La cifra oficial de paro roza el 6 por ciento, pero muchos rumanos trabajan en la economía sumergida sin estar registrados en las listas de desempleo, y unos 3,5 millones de ciudadanos trabajan y viven fuera, aunque muchos siguen censados en el país.

Durante la campaña electoral, los dos principales formaciones, el Partido Socialdemócrata (PSD) y el Partido Nacional Liberal (PNL), han propuesto programas económicos en los que se eleva mucho el gasto público y, con ello, aumentaría el déficit, estimado en el 2,8 % para 2016.

Los socialdemócratas prometen un aumento de las pensiones y eliminar el IVA para las viviendas.

Los liberales prometen doblar los sueldos a los médicos -que ganan de media 400 euros al mes- a partir de junio de 2017 y que los funcionarios cobrarán un 30 por ciento más de aquí al año 2020.

En 2009, en medio de la crisis financiera internacional, que también golpeó con fuerza a Rumanía, el entonces Gobierno conservador congeló las pensiones y bajó los sueldos a los trabajadores públicos como parte de las medidas de austeridad.

Estas draconianas medidas, mantenidas por el siguiente Gobierno liderado por los socialdemócratas, fueron impuestas por el Fondo Monetario Internacional como condición para entregar un crédito de garantías de 20.000 millones de euros.

“Es obvio que necesitamos una reforma del mercado de trabajo, impulsar la innovación y mejorar la calidad de la educación, pero todo lleva su tiempo y las promesas electorales nos pueden engañar a la hora de elegir a nuestros representantes”, alerta Popa. EFE