Nueva York – El canciller alemán, Olaf Scholz, confirmó este viernes que pedirá al Parlamento que suspenda el mecanismo constitucional del freno de la deuda también para 2023, después de que un fallo del Tribunal Constitucional haya dejado en los presupuestos un agujero de al menos 60.000 millones de euros.

“Para que en este año estén garantizadas las ayudas, propondremos al Bundestag (cámara baja del Parlamento) que para el año en curso apruebe de nuevo la excepción al freno de la deuda prevista para tales casos en la Constitución”, afirmó en un mensaje a los ciudadanos.

Este jueves el ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, avanzó la creación de un presupuesto suplementario para incluir en las cuentas de este año las sumas que han quedado al descubierto, pero evitó hacer referencia explícita al freno de la deuda.

Según explicó Scholz, el fallo del Constitucional implica que contraer deuda con el objetivo de financiar ayudas para hacer frente a situaciones de emergencia como la pandemia o la subida de los precios de la energía “sigue siendo posible”.

“No obstante, ahora hay indicaciones claras que hay que respetar”, señaló y agregó que “el punto central es que los créditos en cuestión deberán ser ahora decididos cada año por el Bundestag”.

Uno de los motivos por los que el Constitucional declaró nulo la semana pasada el traspaso de 60.000 millones de euros vinculados a la pandemia a un presupuesto extraordinario para la transformación económica es que no se había respetado el criterio de la anualidad.

El tribunal halló también que el Gobierno encabezado por Scholz no había justificado de forma suficiente la relación entre los dos fondos.

La decisión ha supuesto un duro varapalo para el Gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales, que se enfrenta ahora a un descubierto de 60.000 millones de euros más las inversiones privadas que iban asociadas a estos programas de ayuda y deberá revisar además la legalidad del resto de fondos similares.

Es además un duro golpe para el socialdemócrata Scholz, al que se considera el principal arquitecto de la maniobra declarada ahora inconstitucional, que tenía como objetivo hacer posible un gasto adicional sin incurrir, sobre el papel, en más déficit.

El Gobierno alemán ha reaccionado congelando de inmediato el fondo afectado, así como los presupuestos de 2023, a la vez que se deberán reorganizar los presupuestos de 2024, que estaba previsto aprobar en el Parlamento antes de finales de mes.

El mecanismo conocido como freno de la deuda limita el endeudamiento anual al 0,35 % del PIB salvo causas de fuerza mayor y ya había sido suspendido en los tres años anteriores debido a la pandemia y después a los efectos de la guerra de Ucrania. EFE